Codigo de Derecho Canonico (Iglesia Catolica Romana)

LIBRO VII
DE LOS PROCESOS
PARTE I
DE LOS JUICIOS EN GENERAL


	
1400 	§ 1. Son objeto de juicio:
1 	la reclamación o reivindicación de derechos de 
personas físicas o jurídicas, o la declaración de hechos jurídicos;
2 	los delitos, por lo que se refiere a infligir o declarar 
una pena.
   	§ 2.	Sin embargo, las controversias provenientes de un acto de la 
potestad administrativa pueden llevarse sólo al Superior o al tribunal 
administrativo.

1401 	La Iglesia juzga con derecho propio y exclusivo:
1 	las causas que se refieren a cosas espirituales o 
anejas a ellas;
2 	La violación de las leyes eclesiásticas y de todo 
aquello que contenga razón de pecado, por lo que se refiere a la 
determinación de la culpa y a la imposición de penas eclesiásticas.

1402 	Todos los tribunales de la Iglesia se rigen por los cánones que 
siguen, quedando a salvo las normas de los tribunales de la Sede 
Apostólica.

1403	§ 1.	Las causas de canonización de los Siervos de Dios se rigen 
por una ley pontificia peculiar.
   	§ 2.	A esas causas se aplican además las prescripciones de este 
Código, cuando esa ley haga remisión al derecho universal o se trate de 
normas que, por su misma naturaleza, rigen también esas causas.

1404 	La Primera Sede por nadie puede ser juzgada.

1405	§ 1.	Es derecho exclusivo del Romano Pontífice juzgar en las 
causas de que trata el c. 401:
1 	a quienes ejercen la autoridad suprema de un Estado;
2 	a los Cardenales;
3 	a los Legados de la Sede Apostólica y, en las causas 
penales, a los Obispos;
4 	otras causas que el mismo haya avocado a sí.
   	§ 2.	Ningún juez puede resolver sobre un acto o instrumento 
confirmado en forma específica por el Romano Pontífice, sin previo 
mandato del mismo.
   	§ 3.	Está reservado a la Rota Romana juzgar:
1 	a los Obispos en causas contenciosas, quedando 
firme lo prescrito en el c.
1419 § 2;
2 	al Abad primado, al Abad superior de una 
congregación monástica, y al Superior general de los institutos 
religiosos de derecho pontificio;
3 	a las diócesis o a otras personas eclesiásticas, tanto 
físicas como jurídicas, que no tienen Superior por debajo del 
Romano Pontífice.

1406	§ 1.	 En caso de transgresión del c. 1404, las actas y decisiones 
se consideran inexistentes.
   	§ 2.	Sobre las causas que enumera el c. 1405, la incompetencia 
de los demás jueces es absoluta.

1407	§ 1.	Nadie puede ser citado en primera instancia, si no es ante un 
juez eclesiástico competente por uno de los títulos que se determinan en los 
cc.  1408-1414.
   	§ 2.	La incompetencia del juez que no goce de ninguno de esos 
títulos se llama relativa.
   	§ 3.	El actor sigue el fuero del demandado, y cuando éste tiene 
varios fueros puede el actor elegir entre ellos.

1408 	Cualquiera puede ser demandado ante el tribunal de su domicilio o 
cuasidomicilio.

1409	§ 1.	El vago tiene su fuero en el lugar donde se encuentra en ese 
momento.
   	§ 2.	La persona cuyo domicilio o cuasidomicilio y lugar de 
residencia se
desconocen, puede ser demandado según el fuero del actor, a no ser que le 
corresponda otro fuero legítimo.

1410 	Por razón del lugar en que se halla la cosa, puede presentarse 
demanda ante el tribunal del lugar donde se encuentra el objeto en litigio, 
siempre que la acción sea real o se trate de expolio.

1411	§ 1.	Por razón de contrato, una parte puede ser demandada ante 
el tribunal del lugar donde se realizó el contrato o donde debe cumplirse, a 
no ser que las partes, de común acuerdo, hubieran elegido otro tribunal.
   	§ 2.	Si la causa versa sobre obligaciones que provienen de otro 
título, la parte puede ser demandada ante el tribunal del lugar donde la 
obligación surgió o ha de cumplirse.

1412 	En las causas penales, el acusado, aunque se halle ausente, puede 
ser llevado ante el tribunal del lugar donde se cometió el delito.

1413 	La parte puede ser demandada:
1 	en las causas que tratan acerca de la administración, 
ante el tribunal del lugar donde ésta se ha realizado;
2 	en las causas que se refieren a herencias o píos 
legados, ante el tribunal del último domicilio o cuasidomicilio, o 
lugar de residencia, de acuerdo con los cc. 1408-1409, de aquél de 
cuya herencia o pío legado se trate, a no ser que la cuestión se 
refiera a la mera ejecución del legado, que ha de tramitarse según 
las normas ordinarias de competencia.

1414 	Por razón de la conexión, un mismo tribunal y en el mismo proceso 
ha de juzgar las causas conexas entre sí, a no ser que lo impida un precepto 
legal.

1415 	Por razón de la prevención, cuando dos o más tribunales son 
igualmente competentes, tienen derecho a juzgar la causa el que primero 
citó legítimamente al demandado.

1416 	Los conflictos de competencia entre tribunales sujetos a un mismo 
tribunal de apelación, han de ser resueltos por éste; si no están sujetos al 
mismo tribunal de apelación, resuelve la Signatura Apostólica.

Título II
De los distintos grados y clases de tribunales

1417	§ 1.	Por razón del primado del Romano Pontífice, cualquier fiel 
puede llevar o introducir ante la Santa Sede una causa, tanto contenciosa 
como penal, en cualquier instancia del juicio y cualquiera que sea el estado 
en el que se encuentre el litigio.
   	§ 2.	Sin embargo, fuera del caso de apelación, esa petición 
interpuesta ante la Sede Apostólica no suspende el ejercicio de la 
jurisdicción del juez que ya ha comenzado a tratar la causa; éste, por lo 
tanto, podrá seguir el juicio hasta la sentencia definitiva, a no ser que la 
Sede Apostólica comunique al juez que ha avocado a sí la causa.

1418 	Todo tribunal tiene derecho a pedir la ayuda de otro tribunal para la 
instrucción de la causa o para hacer intimaciones judiciales.

Capítulo I
Del tribunal de primera instancia

Art. 1
Del Juez

1419	§ 1.	En cada diócesis, y para todas las causas no exceptuadas 
expresamente por el derecho, el juez de primera instancia es el Obispo 
diocesano, que puede ejercer la potestad judicial por sí mismo o por medio 
de otros de acuerdo con los cánones que siguen.
   	§ 2.	Sin embargo, cuando se trata de derechos o de bienes 
temporales de una persona jurídica representada por el Obispo, juzga en 
primer grado el tribunal de apelación.

1420	§ 1.	Todo Obispo diocesano debe nombrar un Vicario judicial u 
Oficial con potestad ordinaria de juzgar, distinto del Vicario general, a no 
ser que lo reducido de la diócesis o la escasez de causas aconsejen otra 
cosa.
   	§ 2.	El Vicario judicial constituye un solo tribunal con el Obispo, 
pero no puede juzgar las causas que el Obispo se haya reservado.
   	§ 3.	Al Vicario judicial puede designársele unos ayudantes 
denominados Vicarios judiciales adjuntos o Viceoficiales.
   	§ 4.	Tanto el Vicario judicial como los Vicarios judiciales 
adjuntos han de ser sacerdotes, de buena fama, doctores o al menos 
licenciados en derecho canónico y con no menos de treinta años edad.
   	§ 5.	Al quedar vacante la sede, tales Vicarios judiciales no cesan 
en su cargo ni pueden ser removidos por el Administrador diocesano; pero 
necesitan ser confirmados cuando toma posesión el nuevo Obispo.

1421	§ 1.	El Obispo debe nombrar en la diócesis jueces diocesanos, 
que sean clérigos.
   	§ 2.	La Conferencia Episcopal puede permitir que también los 
laicos sean nombrados jueces, uno de los cuales, en caso de necesidad, 
puede integrar el tribunal colegiado.
   	§ 3.	Los jueces han de ser de buena fama, doctores o al menos 
licenciados en derecho canónico.

1422 	El Vicario judicial, los Vicarios judiciales adjuntos y los demás 
jueces se nombran para un tiempo determinado, quedando en pie lo que 
prescribe el c.  1420 § 5, y no pueden ser removidos si no es por causa 
legítima y grave.

1423	§ 1.	En sustitución de los tribunales diocesanos, mencionados en 
los cc.  1419-1421, varios Obispos diocesanos, con la aprobación de la 
Sede Apostólica, pueden constituir de común acuerdo un tribunal único de 
primera instancia para sus diócesis; en este caso, el grupo de Obispos o el 
Obispo designado por ellos tienen todas las potestades que corresponden al 
Obispo diocesano sobre su tribunal.
   	§ 2.	Los tribunales de que se trata en el § 1 pueden constituirse 
para todas las causas o sólo para una clase determinada de ellas.

1424 	En cualquier juicio, el juez único puede servirse de dos asesores, 
clérigos o laicos de vida íntegra, que le ayuden con sus consejos.

1425	§ 1.	Quedando reprobada la costumbre contraria, se reservan a 
un tribunal colegial de tres jueces:
1 	las causas contenciosas: a) sobre el vínculo de la 
sagrada ordenación; b) sobre el vínculo del matrimonio, quedando 
en vigor lo que prescriben los cc.  1686 y 1688;
2 	las causas penales: a) sobre delitos que pueden 
castigarse con la expulsión del estado clerical; b) si se trata de 
infligir o declarar una excomunión.
   	§ 2.	Puede el Obispo encomendar a un colegio de tres o cinco 
jueces las causas más difíciles o de mayor importancia.
   	§ 3.	Para juzgar cada causa, el Vicario judicial llamará por turno 
a los jueces, a no ser que en un caso determinado el Obispo establezca otra 
cosa.
   	§ 4.	Si no es posible constituir tribunal colegial en el primer 
grado del juicio, la Conferencia Episcopal puede permitir que, mientras 
dure esa imposibilidad, el Obispo encomiende las causas a un único juez 
clérigo, el cual, donde sea posible, se valga de la colaboración de un asesor 
y de un auditor.
   	§ 5. 	Una vez designados los jueces, el Vicario judicial no debe 
cambiarlos, si no es por causa gravísima, que ha de hacer constar en el 
decreto.

1426	§ 1.	El tribunal colegial debe proceder colegialmente, y dictar 
sentencia por mayoría de votos.
   	§ 2.	En la medida de lo posible, ha de presidirlo el Vicario 
judicial o un Vicario judicial adjunto.

1427	§ 1.	A no ser que las constituciones dispongan otra cosa, cuando 
surge una controversia entre religiosos o casas del mismo instituto religioso 
clerical de derecho pontificio, el juez de primera instancia es el Superior 
provincial o, si se trata de un monasterio autónomo, el Abad local.
   	§ 2.	Salvo que las constituciones prescriban otra cosa, si el 
conflicto se produce entre dos provincias, lo juzgará en primera instancia el 
Superior general, personalmente o por medio de un delegado; y el Abad 
superior de la Congregación monástica, si el litigio es entre dos 
monasterios.
   	§ 3.	Finalmente, el tribunal diocesano juzga en primera instancia 
las controversias entre personas religiosas físicas o jurídicas de diversos 
institutos religiosos, o también del mismo instituto clerical o laical de 
derecho diocesano, o entre una persona religiosa y un clérigo secular o un 
laico o una persona jurídica no religiosa.

Art. 2
De los auditores y ponentes

1428	§ 1.	El juez, o el presidente del tribunal colegial, puede designar 
un auditor para que realice la instrucción de la causa, eligiéndole entre los 
jueces del tribunal o entre las personas aprobadas por el Obispo para esta 
función.
   	§ 2.	Para el cargo de auditor, el Obispo puede aprobar a clérigos 
o a laicos, que destaquen por sus buenas costumbres, prudencia y doctrina.
   	§ 3.	Al auditor corresponde únicamente recoger las pruebas y 
entregarlas al juez, según el mandato de éste; y si no se le prohibe en el 
mandato, puede provisionalmente decidir qué pruebas han de recogerse y 
de qué manera, en el caso de que se discutan estas cuestiones mientras 
desempeña su tarea.

1429 	El presidente del tribunal colegial debe nombrar un ponente o 
relator entre los jueces del colegio, el cual informará en la reunión del 
tribunal acerca de la causa y redactará por escrito la sentencia; el presidente 
podrá sustituirlo por otro, cuando haya justa causa.

Art. 3
Del promotor de justicia, del defensor del vínculo y del notario

1430 	Para las causas contenciosas en que está implicado el bien público, 
y para las causas penales, ha de constituirse en la diócesis un promotor de 
justicia, quien por oficio está obligado a velar por el bien público.

1431	§ 1.	En las causas contenciosas, compete al Obispo diocesano 
juzgar si está o no en juego el bien público, a no ser que la intervención del 
promotor de justicia esté prescrita por la ley o sea evidentemente necesaria 
por la naturaleza del asunto.
   	§ 2.	Si el promotor de justicia hubiera intervenido en la instancia 
precedente, se presume que es necesaria su intervención en el grado 
siguiente.

1432 	Para las causas en que se discute la nulidad de la sagrada 
ordenación o la nulidad o disolución de un matrimonio, ha de nombrarse en 
la diócesis un defensor del vínculo, el cual, por oficio, debe proponer y 
manifestar todo aquello que puede aducirse razonablemente contra la 
nulidad o disolución.

1433 	En aquellas causas que requieran la presencia del promotor de 
justicia o del defensor del vínculo, si no han sido citados son nulos los 
actos, salvo que, no obstante, se hagan presentes de hecho o, al menos, 
hayan podido cumplir su misión antes de la sentencia, mediante el examen 
de las actas.

1434 	A no ser que se establezca expresamente otra cosa:
1 	cuando la ley manda que el juez oiga a las partes o a 
una de ellas, también han de ser oídos el promotor de justicia y el 
defensor del vínculo, si intervienen en el juicio;
2 	cuando se requiere instancia de parte para que el 
juez pueda decidir algo, tiene idéntico valor la instancia del 
promotor de justicia o del defensor del vinculo, si intervienen en el 
juicio.

1435 	Corresponde al Obispo nombrar al promotor de justicia y al 
defensor del vínculo, que han de ser clérigos o laicos de buena fama, 
doctores o licenciados en derecho canónico y de probada prudencia y celo 
por la justicia.

1436	§ 1.	La misma persona puede desempeñar el oficio de promotor 
de justicia y el de defensor del vínculo pero no en la misma causa.
   	§ 2.	El promotor y el defensor pueden constituirse para todas las 
causas en general o para cada una de ellas en particular; y pueden ser 
removidos por el Obispo con causa justa.

1437	§ 1.	En todo proceso debe intervenir un notario, de manera que 
las actas son nulas si no están firmadas por él.
   	§ 2.	Las actas redactadas por un notario hacen fe pública.

Capítulo II
Del tribunal de segunda instancia

1438 	Quedando en pie lo prescrito en el c. 1444 § 1, 1 :
1 	del tribunal de un Obispo sufragáneo se apela al del 
Metropolitano, salvo lo que indica el c. 1439;
2 	cuando la causa se conoce en primera instancia ante 
el Metropolitano, la apelación se interpone ante el tribunal que él 
mismo haya designado de modo estable, con aprobación de la Sede 
Apostólica;
3 	para las causas tratadas ante el Superior provincial el 
tribunal de segunda instancia es el del Superior general; para las 
causas seguidas ante el Abad local, lo es el tribunal del Abad 
superior de la congregación monástica.

1439	§ 1.	Si, de acuerdo con el c. 1423, hay un solo tribunal de 
primera instancia para varias diócesis, la Conferencia Episcopal, con la 
aprobación de la Sede Apostólica, debe establecer un tribunal de segunda 
instancia, a no ser que todas aquellas diócesis sean sufragáneas de la misma 
archidiócesis.
   	§ 2.	La Conferencia Episcopal puede constituir uno o más 
tribunales de segunda instancia, con la aprobación de la Sede Apostólica, 
aun fuera de los casos previstos en el § 1.
   	§ 3.	Respecto a los tribunales de segunda instancia de que tratan 
los § § 1-2, la Conferencia Episcopal o el Obispo designado por ésta tienen 
todas las potestades que competen al Obispo diocesano sobre su tribunal.

1440 	Si no se observa la competencia por razón del grado, a tenor de los 
cc. 1438 y 1439, la incompetencia del juez es absoluta.

1441 	El tribunal de segunda instancia debe constituirse de la misma 
manera que el de primera instancia. Pero si en el primer grado del juicio 
dictó sentencia un juez único, según el c. 1425 § 4, el tribunal de segunda 
instancia debe actuar colegialmente.

Capítulo III
Del los tribunales de la Sede Apostólica

1442 	El Romano Pontífice es juez supremo para todo el orbe católico y 
dicta sentencia o personalmente, o mediante los tribunales ordinarios de la 
Sede Apostólica, o por jueces en los cuales delega.

1443 	La Rota Romana es el tribunal ordinario constituido por el Romano 
Pontífice para recibir apelaciones.

1444	§ 1.	 La Rota Romana juzga:
1 	en segunda instancia, las causas sentenciadas por 
tribunales ordinarios de primera instancia y que hayan sido elevadas 
a la Santa Sede por apelación legítima;
2 	en tercera o ulterior instancia, las causas ya juzgadas 
por la misma Rota Romana o por cualquier otro tribunal, a no ser 
que hayan pasado a cosa juzgada.
   	§ 2.	Este tribunal juzga también en primera instancia las causas 
previstas en el c.
1405 § 3, así como otras que el Romano Pontífice, tanto motu proprio 
como a instancia de parte, hubiera avocado a su tribunal y encomendado a 
la Rota Romana; y, si en el rescripto de comisión no se indica otra cosa, la 
Rota juzga esas causas también en segunda y ulterior instancia.

1445	§ 1.	El Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica juzga:
1 	las querellas de nulidad y peticiones de restitución in 
integrum y otros recursos contra las sentencias rotales;
2 	los recursos en las causas sobre el estado de las 
personas que la Rota Romana se niega a admitir a nuevo examen;
3 	las excepciones de sospecha y demás causas contra 
los Auditores de la Rota Romana por los actos realizados en el 
ejercicio de su función;
4 	los conflictos de competencia a que se refiere el c. 
1416.
   	§ 2.	Este mismo Tribunal dirime los litigios provenientes de un 
acto de la potestad administrativa eclesiástica que se lleven a él 
legítimamente, así como otras controversias administrativas que le hayan 
sido remitidas por el Romano Pontífice o por los dicasterios de la Curia 
Romana, y los conflictos de competencia entre dichos dicasterios.
   	§ 3.	Corresponde también a este Supremo Tribunal:
1 	vigilar sobre la recta administración de  la justicia y 
determinar que se proceda contra los abogados o procuradores, si 
es necesario;
2 	prorrogar la competencia de los tribunales;
3 	fomentar y aprobar la erección de los tribunales a los 
que se refieren los cc.
1423 y 1439.

Título III
De la disciplina que ha de observarse en los tribunales

Capítulo I
Del oficio de los jueces y de los ministros del tribunal

1446	§ 1.	Todos los fieles, y en primer lugar los Obispos, han de 
procurar con diligencia que, sin perjuicio de la justicia, se eviten en lo 
posible los litigios en el pueblo de Dios y se arreglen pacíficamente cuanto 
antes.
   	§ 2.	Al comenzar el litigio, y en cualquier otro momento, 
siempre que abrigue alguna esperanza de éxito, el juez no dejará de 
exhortar y ayudar a las partes, para que procuren de común acuerdo buscar 
una solución equitativa de su controversia, y les indicará los medios 
oportunos para lograr este fin, recurriendo incluso a personas serias como 
mediadoras.
   	§ 3.	Pero cuando el litigio versa sobre el bien particular de las 
partes, considere el juez si puede concluirse útilmente por transacción o 
por juicio arbitral de acuerdo con los cc. 1713-1716.

1447 	Quien ha intervenido en una causa como juez, promotor de justicia, 
defensor del vínculo, procurador, abogado, testigo o perito, no puede 
después válidamente definir como juez la misma causa en otra instancia o 
desempeñar el oficio de asesor.

1448	§ 1.	No acepte el juez conocer una causa en que tenga interés 
por razón de consanguinidad o afinidad en cualquier grado de línea recta y 
hasta el cuarto grado de línea colateral, o por razón de tutela o curatela, 
amistad íntima, aversión grande, obtención de un lucro o prevención de un 
daño.
   	§ 2.	En las mismas circunstancias, deben abstenerse de 
desempeñar su oficio el promotor de justicia, el defensor del vínculo, el 
asesor y el auditor.

1449	§ 1.	En los casos indicados en el c. 1448, si el propio juez no se 
inhibe, la parte puede recusarlo.
   	§ 2.	Sobre la recusación decide el Vicario judicial; y, si es 
recusado él mismo, resuelve el Obispo que preside el tribunal.
   	§ 3.	Si actúa como juez el mismo Obispo y es recusado, debe 
abstenerse de juzgar.
   	§ 4.	Si la recusación se opone contra el promotor de justicia, el 
defensor del vínculo u otro ministro del tribunal, resuelve sobre dicha 
excepción el presidente del tribunal colegial, o el juez, si es único.

1450 	Admitida la recusación, deben cambiarse las personas, pero sin 
cambiar el grado del juicio.

1451	§ 1.	Sobre la recusación ha de resolverse con la máxima rapidez 
oyendo a las partes y al promotor de justicia o al defensor del vínculo, si 
participan en el juicio y no son ellos mismos los recusados.
   	§ 2.	Son válidos los actos realizados por el juez antes de ser 
recusado; pero los efectuados después de interpuesta la recusación deben 
rescindirse, si lo pide la parte en el plazo de diez días desde que fue 
admitida la recusación.

1452	§ 1.	En las cuestiones que interesan únicamente a los 
particulares, el juez sólo puede proceder a instancia de parte. Pero, una vez 
que se ha introducido legítimamente una causa criminal u otra de las que se 
refieren al bien público de la Iglesia o a la salvación de las almas, el juez 
puede, e incluso debe, proceder de oficio.
   	§ 2.	El juez puede además suplir la negligencia de las partes en la 
presentación de pruebas o al oponer excepciones, siempre que lo considere 
necesario para evitar una sentencia gravemente injusta, quedando firmes las 
prescripciones del c. 1600.

1453 	Los jueces y los tribunales han de cuidar de que, sin merma de la 
justicia, todas las causas se terminen cuanto antes, y de que en el tribunal 
de primera instancia no duren más de un año, ni más de seis meses en el de 
segunda instancia.

1454	Todos los que forman parte del tribunal o colaboran con él han de 
prestar juramento de que cumplirán recta y fielmente su tarea.

1455	§ 1.	Los jueces y ayudantes del tribunal están obligados a 
guardar secreto de oficio en todo juicio penal, y también en el contencioso 
cuando puede seguirse algún perjuicio para las partes de la divulgación de 
algún acto procesal.
   	§ 2.	Sin perjuicio de lo prescrito en el c. 1609 § 4, también están 
obligados siempre a guardar secreto sobre la discusión que tiene lugar entre 
los jueces del tribunal colegial antes de dictar sentencia, así como sobre los 
distintos votos y opiniones que se hayan manifestado en ella.
   	§ 3.	Más aún, siempre que, por la naturaleza de la causa o de las 
pruebas, pueda ponerse en peligro la fama de otros por la divulgación de 
las actas o de las pruebas, o se dé pie a rencillas o vaya a provocarse 
escándalo u otro inconveniente semejante, el juez puede obligar a guardar 
secreto bajo juramento a los testigos y peritos, así como a las partes y a sus 
abogados o procuradores.

1456 	Está prohibido al juez y a todos los ministros del tribunal aceptar 
regalos de cualquier tipo con ocasión de las actuaciones judiciales.

1457	§ 1.	Los jueces que rehusen administrar justicia aun siendo cierta 
y evidentemente competentes, o que se declaren competentes sin ningún 
título jurídico que legitime esa competencia, y conozcan y decidan las 
causas, o violen la ley del secreto, o por dolo o negligencia grave causen 
otro daño a las partes, pueden ser castigados con penas adecuadas por la 
autoridad competente, incluso con la privación del oficio.
   	§ 2.	A las mismas sanciones, están sometidos los ministros y 
ayudantes del tribunal, si faltan a su deber, como se indica más arriba; a 
todos éstos puede castigarlos también el juez.

Capítulo II
Del orden en que han de conocerse las causas

1458 	Las causas se han de conocer siguiendo el mismo orden en que 
fueron propuestas y registradas, a no ser que alguna de ellas exija una 
expedición más rápida que las demás, lo que se ha de determinar por 
decreto especial motivado.

1459	§ 1.	Aquellos vicios de los que es posible se siga la nulidad de la 
sentencia, pueden proponerse como excepción o ser planteados de oficio 
por el juez en cualquier fase o grado del juicio.
   	§ 2.	Fuera de los casos indicados en el § 1, las excepciones 
dilatorias, y sobre todo las que se refieren a las personas y al modo del 
juicio, se han de proponer antes de la litiscontestación, a no ser que 
surgieran después de que ésta hubiera tenido lugar, y deben decidirse 
cuanto antes.

1460	§ 1.	Si la excepción se propone contra la competencia del juez, 
la decisión corresponde al mismo juez.
   	§ 2.	En caso de excepción de incompetencia relativa, si el juez se 
declara competente, su decisión no admite apelación, pero cabe proponer la 
querella de nulidad y la restitución in integrum.
   	§ 3.	Si el juez se declara incompetente, la parte que se considera 
perjudicada puede recurrir al tribunal de apelación dentro del plazo de 
quince días útiles.

1461 	En cualquier fase de la causa, el juez que reconoce su 
incompetencia absoluta, debe declararla.

1462	§ 1.	Las excepciones de cosa juzgada, de transacción y otras 
perentorias que se denominan de «pleito acabado», han de proponerse y 
tratarse antes de la litiscontestación; quien las proponga más tarde, no ha 
de ser rechazado, pero debe ser condenado a las costas, salvo que pruebe 
no haber retrasado con malicia la oposición.
   	§ 2.	Las demás excepciones perentorias han de proponerse en la 
contestación de la demanda, y deben ser tratadas en el momento 
conveniente, según las reglas de las cuestiones incidentales.

1463	§ 1.	Las acciones reconvencionales sólo pueden proponerse 
válidamente en el plazo de treinta días a partir de la contestación de la 
demanda.
   	§ 2.	Las mismas han de ser tratadas a la vez que la acción 
convencional, es decir, al mismo ritmo que ésta, salvo que sea necesario 
conocerla por separado o el juez considere que eso es más oportuno.

1464 	Las cuestiones sobre prestación de caución acerca del pago de las 
costas judiciales, o sobre concesión de patrocinio gratuito, si se ha pedido 
ya desde el primer momento, y otras semejantes, han de tratarse 
ordinariamente antes de la litiscontestación.

Capítulo III
De los plazos y prórrogas

1465	§ 1.	Los llamados plazos fatales, es decir, los plazos 
determinados por la ley para la perención de los derechos, no pueden 
prorrogarse, ni pueden válidamente abreviarse, si no es a petición de las 
partes.
   	§ 2.	Sin embargo, los plazos judiciales y convencionales, antes 
de su vencimiento, pueden ser prorrogados por el juez cuando hay una 
causa justa, habiendo oído a las partes o a petición de éstas; pero nunca 
pueden abreviarse válidamente, si no es con el consentimiento de las partes.
   	§ 3.	Cuide el juez, no obstante, de que el litigio no se prolongue 
demasiado a causa de la prórroga.

1466 	Cuando la ley no señala plazos para la realización de actos 
procesales, los debe determinar el juez, teniendo en cuenta la naturaleza de 
cada acto.

1467 	Si en el día señalado para un acto judicial estuviera cerrado el 
tribunal, el plazo se entiende prorrogado para el primer día hábil.

Capítulo IV
Del lugar del juicio

1468 	Todo tribunal ha de tener, en lo posible, una sede fija, que estará 
abierta a horas determinadas.

1469	§ 1.	El juez expulsado por la fuerza de su territorio o impedido 
para ejercer en él su jurisdicción, puede ejercerla fuera del territorio y 
dictar sentencia, pero informando al Obispo diocesano.
   	§ 2.	Además de lo dicho en el § 1, el juez, por causa justa y 
oídas las partes, puede salir de su propio territorio para recoger pruebas, 
pero con licencia del Obispo diocesano del lugar al que va y en la sede que 
éste determine.

Capítulo V
De las personas que han de ser admitidas en la sede del tribunal
y del modo de redactar y conservar las actas

1470	§ 1.	 Si una ley particular no dispone otra cosa, mientras se trata 
la causa ante el tribunal sólo deben estar presentes en el aula aquellos que 
la ley o el juez determinen que son necesarios para realizar el proceso.
   	§ 2.	Puede el juez obligar con penas proporcionadas a observar 
una conducta debida a quienes asisten al juicio y falten gravemente al 
respeto y obediencia debidos al tribunal; y, además, a los abogados y 
procuradores puede suspenderlos del ejercicio de su función ante tribunales 
eclesiásticos.

1471 	Si una persona a la que se ha de interrogar emplea una lengua 
desconocida para el juez o las partes, ha de recurrirse a un intérprete 
jurado, designado por el juez. Sin embargo, las declaraciones han de 
consignarse por escrito en la lengua original, añadiendo la traducción. 
También se empleará intérprete cuando deba ser interrogado un sordo o 
mudo, salvo que el juez prefiera que responda por escrito a las preguntas 
que se le presenten.

1472	§ 1.	Los actos judiciales deben redactarse por escrito, tanto si se 
refieren a la sustancia del litigio, o a actos de la causa, como a la forma de 
proceder, o actos del proceso.
   	§ 2.	Debe numerarse y autenticarse cada hoja de las actas.

1473 	Cuando en las actas judiciales se requiere la firma de las partes o de 
los testigos, si la parte o el testigo no pueden o no quieren firmar, ha de 
consignarse esto en las mismas actas, y a la vez el juez y el notario darán fe 
de que esa acta se ha leído íntegramente a la parte o al testigo y de que ni 
la parte ni el testigo pudieron o quisieron firmar.

1474	§ 1.	En caso de apelación, se ha de remitir al tribunal superior 
copia de los autos, dando fe el notario de su autenticidad.
   	§ 2.	Si los autos están redactados en una lengua desconocida por 
el tribunal superior, han de traducirse a otro idioma conocido por él, 
tomando precauciones para que conste la fidelidad de la traducción.

1475	§ 1.	Al terminar el juicio, deben devolverse a los particulares los 
documentos que les pertenecen, conservando sin embargo copia de los 
mismos.
   	§ 2.	Sin mandato del juez, está prohibido a los notarios y al 
canciller proporcionar copia de las actas judiciales y de los documentos que 
forman parte del proceso.

Título IV
De las partes en causa
Capítulo I
Del actor y del demandado

1476 	Cualquier persona, esté o no bautizada, puede demandar en juicio; y 
la parte legítimamente demandada tiene obligación de responder.

1477 	Aunque el actor o el demandado nombren procurador o abogado, 
tienen obligación de acudir personalmente al juicio siempre que lo 
prescriban el derecho o el juez.

1478	§ 1.	Los menores y aquellos que carecen del uso de razón sólo 
pueden comparecer en juicio por medio de sus padres, tutores o curadores, 
salvo lo prescrito en el § 3.
   	§ 2.	Si el juez considera que los derechos de los menores están 
en conflicto con los de sus padres, tutores o curadores, o que éstos no 
pueden tutelar suficientemente los derechos de los mismos, se personarán 
en juicio por medio de un tutor o curador que designe el juez.
   	§ 3.	Sin embargo, en las causas espirituales y en las conexas con 
ellas, los menores que hayan alcanzado el uso de razón pueden demandar y 
contestar por sí mismos, sin el consentimiento de los padres y del tutor, si 
hubieran cumplido catorce años; de no ser así deberán hacerlo mediante un 
curador nombrado por el juez.
   	§ 4.	Los que sufren interdicción de bienes o algún trastorno 
mental sólo pueden comparecer en juicio para responder de sus propios 
delitos o por mandato del juez; en los demás casos deben demandar y 
contestar por medio de sus curadores.

1479 	Cuando la autoridad civil ya ha designado tutor o curador, éste 
puede ser admitido por el juez eclesiástico, después de oír, si es posible, al 
Obispo diocesano de aquél a quien se dio; pero si no está designado o si se 
considera que no debe ser admitido, el juez designará un tutor o curador 
para la causa.

1480	§ 1.	Las personas jurídicas actúan en el juicio por medio de sus 
legítimos representantes.
   	§ 2.	Pero si no tuvieran representante o éste fuera negligente, 
puede el Ordinario actuar en juicio, por sí o por otro, en nombre de las 
personas jurídicas que están bajo su jurisdicción.

Capítulo II
De los procuradores judiciales y abogados

1481	§ 1.	La parte puede designar libremente su abogado y 
procurador; pero, salvo en los casos indicados en los § § 2-3, puede 
también demandar y contestar personalmente, a no ser que el juez 
considere necesaria la ayuda del procurador o del abogado.
   	§ 2.	En el juicio penal, el acusado debe tener siempre un 
abogado, elegido por él mismo o nombrado por el juez.
   	§ 3.	En el juicio contencioso, si se trata de menores o de un 
juicio en el cual entra en juego el bien público, con excepción de las causas 
matrimoniales, el juez ha de designar de oficio un defensor a la parte que 
no lo tiene.  1482	§ 1.	Cada litigante puede designar sólo un 
procurador, el cual no puede hacerse sustituir por otro, si no se le concede 
expresamente esa facultad.
   	§ 2.	Sin embargo, cuando por justa causa una persona designa 
varios procuradores, lo hará de manera que se dé entre ellos lugar a la 
prevención.
   	§ 3.	Pueden nombrarse varios abogados a la vez.

1483 	El procurador y el abogado han de ser mayores de edad y de buena 
fama; además, el abogado debe ser católico, a no ser que el Obispo 
diocesano permita otra cosa, y doctor, o, al menos, verdaderamente perito 
en derecho canónico, y contar con la aprobación del mismo Obispo.

1484	§ 1.	El procurador y el abogado, antes de iniciar su función, 
deben presentar su mandato auténtico al tribunal.
   	§ 2.	Sin embargo, para impedir la extinción de un derecho, el 
juez puede admitir a un procurador aunque no presente el mandato, 
exigiéndole la debida garantía, si lo cree oportuno; pero el acto carece 
absolutamente de eficacia en caso de que el procurador no presente el 
mandato legítimo dentro del plazo perentorio fijado por el juez.

1485 	Sin mandato especial, el procurador no puede válidamente 
renunciar a la acción, a la instancia o a los actos judiciales; ni realizar 
transacción, pacto o compromiso arbitral, ni, en general, aquello para lo 
que el derecho requiere mandato especial.

1486	§ 1.	Para que produzca efecto la remoción del procurador o del 
abogado, es necesario que se le intime y, si ya ha tenido lugar la 
contestación de la demanda, que se notifique la remoción al juez y a la 
parte contraria.
   	§ 2.	Después de la sentencia definitiva, el procurador sigue 
teniendo derecho y obligación de apelar, mientras el mandante no se 
oponga.

1487 	Tanto el procurador como el abogado pueden ser rechazados por el 
juez mediante decreto, tanto de oficio como a instancia de parte, pero 
siempre por causa grave.

1488	§ 1.	Se prohibe a ambos comprar el pleito, o pactar acerca de 
unos emolumentos excesivos o sobre una parte reclamada de la cosa 
litigiosa. Si hicieran eso, el pacto es nulo, y pueden ser multados por el 
juez. Además, el abogado puede ser suspendido de su oficio o, si es 
reincidente, eliminado del elenco de abogados por el Obispo que preside el 
tribunal.
   	§ 2.	Del mismo modo pueden ser castigados los abogados y 
procuradores que, con fraude de ley, sustraen causas a los tribunales 
competentes para que sean sentenciadas por otros de modo más favorable.
 
1489 	Los abogados y procuradores que, por regalos o promesas o por 
cualquier otra razón, prevarican de su oficio, han de ser suspendidos de su 
patrocinio y castigados con una multa u otras penas proporcionadas.

1490 	En la medida de lo posible, en todo tribunal ha de haber patronos 
estables, que reciban sus honorarios del mismo tribunal, y que ejerzan la 
función de abogado o de procurador, sobre todo en las causas 
matrimoniales, en favor de las partes que libremente prefieran designarlos.

Título V
De las acciones y excepciones
Capítulo I
De las acciones y excepciones en general

1491 	Todo derecho está protegido no sólo por una acción, mientras no se 
establezca expresamente otra cosa, sino también por una excepción.

1492	§ 1.	Toda acción se extingue por prescripción de acuerdo con el 
derecho, o de otro modo legítimo, excepto las que se refieren al estado de 
las personas, que nunca se extinguen.
   	§ 2 .	Salvo lo que prescribe el c. 1462, la excepción puede 
oponerse siempre, y es perpetua por naturaleza.

1493 	El actor puede ejercitar contra alguien varias acciones a la vez, 
siempre que no estén en conflicto entre sí, sobre el mismo asunto o sobre 
varios, mientras no sobrepasen la competencia del tribunal al que acude.

1494	§ 1.	El demandado puede proponer acción reconvencional contra 
el actor ante el mismo juez y en el mismo juicio, bien por la conexión de la 
causa con la acción principal, bien para neutralizar o disminuir la petición 
del actor.
   	§ 2.	No se admite la reconvención contra la reconvención.

1495 	La acción reconvencional debe proponerse al juez ante quien se 
presentó la acción  precedente, aunque sea delegado sólo para una causa o 
resulte de otro modo afectado de incompetencia relativa.

Capítulo II
De las acciones y excepciones en particular

1496	§ 1.	Aquel que hace ver al menos con argumentos probables que 
tiene derecho sobre una cosa que está en poder de otro, y que puede 
ocasionársele un daño si no se pone bajo custodia, tiene derecho a obtener 
del juez el secuestro de la misma cosa.
   	§ 2.	En análogas circunstancias, puede reclamar que se prohiba a 
otro el ejercicio de un derecho.

1497	§ 1.	También se admite el embargo de una cosa para asegurar un 
crédito, con tal de que conste suficientemente el derecho del acreedor.
   	§ 2.	El embargo puede extenderse también a los bienes del 
deudor que se encuentren por cualquier título en poder de otras personas, 
así como a los créditos del deudor.

1498 	De ninguna manera puede decretarse el secuestro de una cosa o la 
inhibición del ejercicio de un derecho, si puede ser reparado de otro modo 
el daño que se teme y se ofrece una garantía conveniente para su 
reparación.

1499	A aquél a quien el juez concede el secuestro de una cosa o la 
inhibición del ejercicio de un derecho, puede exigirle una garantía previa 
para el resarcimiento de daños, en caso de que no pruebe tener derecho.

1500 	Sobre la naturaleza y efectos de la acción posesoria, deben 
observarse las normas del derecho civil del lugar donde se encuentra la 
cosa cuya posesión se discute.


PARTE II
DEL JUICIO CONTENCIOSO
SECCION I
Título I
De la introducción de la causa
Capítulo I
Del escrito de demanda

1501 	El juez no puede juzgar causa alguna, si el interesado o el promotor 
de justicia no han formulado una petición a tenor de los cánones.

1502 	Quien desea demandar a alguien, debe presentar un escrito al juez 
competente en el que se indique el objeto de la controversia y pida el 
ministerio del juez.

1503	§ 1.	El juez puede admitir una petición oral, cuando el actor 
tenga un impedimento para presentarla por escrito, o si se trata de una 
causa de fácil investigación y de poca importancia.
   	§ 2.	Sin embargo, en ambos casos el juez mandará al notario que 
levante acta, que ha de ser leída al actor y aprobada por éste, y que 
sustituye al escrito del actor a todos los efectos jurídicos.

1504 	El escrito de demanda debe:
1 	especificar ante qué juez se introduce la causa, qué 
se pide y contra quién;
2 	indicar en qué derecho se funda el actor y, al menos 
de modo general, en qué hechos y pruebas se apoya para demostrar 
lo que afirma;
3 	estar firmado por el actor o por su procurador, con 
indicación del día, mes y año, así como también del lugar donde 
habitan o dijeran tener la residencia a efectos de recibir 
documentos;
4 	indicar el domicilio o cuasidomicilio del demandado.

1505	§ 1.	El juez único o el presidente del tribunal colegial, tras 
comprobar que el asunto es de su competencia y que el actor tiene 
capacidad legal para actuar en juicio, debe admitir o rechazar cuanto antes 
el escrito de demanda, mediante decreto.
   	§ 2.	Unicamente puede rechazarse el escrito de demanda:
1 	si el juez o el tribunal son incompetentes;
2 	si consta con certeza que el actor carece de 
capacidad procesal;
3 	si no se ha cumplido lo que manda el c. 1504, 1 -3 ;
4 	si del mismo escrito de demanda se deduce con 
certeza que la petición carece de todo fundamento y que no cabe 
esperar que del proceso aparezca fundamento alguno.
   	§ 3.	Si el escrito ha sido rechazado por defectos que es posible 
subsanar, el actor puede presentar ante el mismo juez uno nuevo 
correctamente redactado.
   	§ 4.	En el plazo útil de diez días, la parte puede interponer 
recurso motivado contra el rechazo del escrito ante el tribunal de apelación, 
o ante el colegio si fue rechazado por el presidente; y la cuestión sobre el 
rechazo ha de decidirse con la mayor rapidez.

1506 	Si en el plazo de un mes desde que se presentó el escrito de 
demanda el juez no emite decreto admitiéndolo o rechazándolo de acuerdo 
con el c. 1505, la parte interesada puede instar al juez a que cumpla su 
obligación; y si, a pesar de todo, el juez guarda silencio, pasados 
inútilmente diez días desde la presentación de la instancia, el escrito de 
demanda se considera admitido.

Capítulo II
De la citación y notificación de los actos judiciales

1507	§ 1.	En el decreto por el que se admite el escrito de demanda del 
actor, el juez o el presidente debe llamar a juicio o citar a las demás partes, 
para la contestación de la demanda, determinando si deben responder por 
escrito o comparecer ante él para concordar las dudas. Y si, ante las 
respuestas escritas deduce la necesidad de convocar a las partes, puede 
mandarlo así mediante un nuevo decreto.
   	§ 2.	Si la demanda se considera admitida a tenor del c. 1506, el 
decreto de citación a juicio debe darse dentro del plazo de veinte días 
desde que se presentó la instancia mencionada en ese canon.
   	§ 3.	Cuando los litigantes comparecen de hecho ante el juez para 
tratar de la causa, no es necesaria la citación; pero el actuario debe hacer 
constar en las actas que las partes estaban presentes.

1508	§ 1.	 El decreto de citación judicial debe notificarse enseguida al 
demandado, y al mismo tiempo a aquellos otros que deban comparecer.
   	§ 2.	Debe unirse a la citación el escrito de demanda, a no ser 
que, por motivos graves, el juez considere que éste no debe darse a 
conocer a la parte antes de que declare en el juicio.
   	§ 3.	Si se demanda a quien no tiene el libre ejercicio de sus 
derechos o la libre administración de las cosas sobre las que se litiga, la 
citación se ha de hacer, según los casos, al tutor, curador, procurador 
especial o a aquel que, según el derecho, está obligado a asumir en su 
nombre el juicio.

1509	§ 1.	La notificación de las citaciones, decretos, sentencias y 
otros actos judiciales ha de hacerse por medio del servicio público de 
correos o por otro procedimiento muy seguro, observando las normas 
establecidas por ley particular.
   	§ 2.	Debe constar en las actas la notificación y el modo en que se 
ha hecho.

1510 	El demandado que rehuse recibir la cédula de citación, o que impida 
que ésta llegue a sus manos, ha de tenerse por legítimamente citado.

1511 	Si la citación no fuera legítimamente notificada son nulos los actos 
del proceso, salvo lo que prescribe el c. 1507 § 3.

1512 	Una vez que haya sido notificada legítimamente la citación o que las 
partes hayan comparecido ante el juez para tratar la causa:
1 	la cosa deja de estar íntegra;
2 	la causa se hace propia de aquel juez o del tribunal 
ante el cual se ha entablado la acción, con tal de que sean 
competentes;
3 	se consolida la jurisdicción del juez delegado, de tal 
manera que no se extingue al cesar el derecho del que delegó;
4 	se interrumpe la prescripción, si no se ha establecido 
otra cosa;
5 	comienza la litispendencia, y, por tanto, se aplica 
inmediatamente el principio «mientras está pendiente el litigio, nada 
debe innovarse».

Título II
De la contestación a la demanda

1513	§ 1.	Se da la litiscontestación cuando, por decreto del juez, 
quedan fijados los límites de la controversia, tomados de las peticiones y 
respuestas de las partes.
   	§ 2.	Las peticiones y respuestas de las partes pueden hacerse no 
sólo en el escrito de demanda, sino también en la respuesta a la citación o 
en las declaraciones orales hechas ante el juez; pero, en las causas más 
difíciles, las partes han de ser convocadas por el juez, para concordar la 
duda o las dudas a las que se ha de dar respuesta en la sentencia.
   	§ 3.	Se ha de notificar a las partes el decreto del juez; y, si no 
están de acuerdo, pueden recurrir en el plazo de diez días, para que lo 
modifique, ante el mismo juez, el cual debe decidir la cuestión por decreto 
con toda rapidez.

1514 	Los términos de la controversia, una vez definidos, no pueden 
modificarse válidamente, si no es mediante nuevo decreto, por causa grave, 
a instancia de parte y habiendo oído a las restantes, cuyas razones han de 
ser debidamente ponderadas.

1515 	La litiscontestación interrumpe la buena fe del poseedor de cosa 
ajena; por tanto, si se le condena a la restitución, debe devolver asimismo 
los frutos y resarcir los daños producidos desde aquel momento.

1516 	Después de la litiscontestación, el juez fijará a las partes un tiempo 
conveniente, para que puedan proponer y realizar las pruebas.

Título III
De la instancia judicial

1517 	La instancia comienza por la citación; concluye no sólo por la 
sentencia definitiva, sino también de otros modos establecidos por el 
derecho.

1518 	Cuando un litigante muere, o cambia de estado, o cesa en el oficio 
por razón del cual actúa:
1 	si la causa aún no hubiera concluido, la instancia se 
suspende hasta que la reanude el heredero del difunto o su sucesor 
o el legítimamente interesado;
2 	si estuviera concluida la causa, el juez debe 
proseguirla, citando al procurador; y si no lo hay, al heredero del 
difunto o a su sucesor.

1519	§ 1.	Si cesan en su cargo el tutor o curador o el procurador 
requerido por el c. 1481 § § 1 y 3, la instancia queda entretanto 
suspendida.
   	§ 2.	El juez debe designar cuanto antes otro tutor o curador; y 
puede también constituir un procurador para la causa, si la parte no lo hace 
dentro del breve plazo que determinará el mismo juez.

1520 	La instancia caduca cuando, sin que exista un impedimento, las 
partes no realizan ningún acto procesal durante seis meses. Por ley 
particular pueden establecerse otros plazos de caducidad.

1521 	La caducidad tiene lugar ipso iure y frente a todos, incluso frente a 
los menores y a los equiparados a ellos, y debe asimismo declararse de 
oficio, quedando a salvo el derecho a pedir indemnización a los tutores, 
curadores, administradores o procuradores que no prueben estar libres de 
culpa.

1522 	La caducidad extingue las actas del proceso, pero no las de la 
causa; más aún, éstas pueden tener eficacia también en otra instancia, con 
tal de que el litigio tenga lugar entre las mismas personas y sobre el mismo 
objeto; pero, en relación a los extraños, sólo tienen el valor de documentos.

1523 	Si el juicio caduca, cada uno de los litigantes habrá de hacerse 
cargo de los gastos que haya realizado.

1524	§ 1.	El actor puede renunciar a la instancia en cualquier estado y 
grado del juicio; asimismo, tanto el actor como el demandado pueden 
renunciar a los actos del proceso, ya sea a todos ya sólo a alguno de ellos.
   	§ 2.	Para poder renunciar a la instancia, los tutores y 
administradores de las personas jurídicas necesitan el consejo o el 
consentimiento de aquéllos cuyo concurso es necesario para realizar actos 
que sobrepasan los límites de la administración ordinaria.
   	§ 3.	Para que la renuncia sea válida, ha de hacerse por escrito, 
que firmará la parte misma, o su procurador dotado de mandato especial; 
debe notificarse a la otra parte, y ser aceptada, o al menos no impugnada 
por ésta, y admitida por el juez.

1525 	La renuncia admitida por el juez produce sobre los actos 
renunciados los mismos efectos que la caducidad de la instancia; y además 
obliga al renunciante a correr con las costas de los actos a los que haya 
renunciado.

Título IV
De las pruebas

1526	§ 1.	La carga de la prueba incumbe al que afirma.
   	§ 2.	No necesitan prueba:
1 	aquellas cosas que la misma ley presume;
2 	los hechos afirmados por uno de los contendientes y 
admitidos por el otro, salvo que pese a ello el derecho o el juez 
exijan su prueba.

1527	§ 1.	Pueden aportarse cualesquiera pruebas que se consideren 
útiles para dilucidar la causa y que sean lícitas.
   	§ 2.	Si una parte insiste en que se admita una prueba rechazada 
por el juez, el mismo juez ha de decidir la cuestión con toda rapidez.

1528 	Si una parte o testigo rehusan comparecer ante el juez para 
responder, pueden ser oídos también por medio de un laico que el juez 
designe, o puede requerirse su declaración ante un notario público o por 
otro modo legítimo.

1529 	Si no es por causa grave, el juez no proceda a recoger pruebas 
antes de la litiscontestación.

Capítulo I
De las declaraciones de las partes

1530 	Para mejor descubrir la verdad, el juez puede interrogar a las partes, 
en cualquier momento, e incluso debe hacerlo a instancia de parte o para 
probar un hecho que interesa públicamente dejar fuera de toda duda.

1531	§ 1.	La parte legítimamente interrogada debe responder y decir 
toda la verdad.
   	§ 2.	Si rehusa responder, corresponde al juez valorar esa actitud 
en orden a la prueba de los hechos.

1532 	Cuando en una causa entre en juego el bien público, el juez ha de 
pedir a las partes juramento de que dirán la verdad, o al menos de que es 
verdad lo que han dicho, a no ser que una causa grave aconseje otra cosa; 
en los demás casos, puede hacerlo, según su prudencia.

1533 	Las partes, el promotor de justicia y el defensor del vínculo pueden 
presentar al juez artículos o preguntas sobre los que ha de interrogarse a la 
parte.

1534 	Para el interrogatorio de las partes se han de observar, 
análogamente, las normas que se establecen acerca de los testigos en los 
cc. 1548 § 2, 1 , 1552 y 1558-1565.

1535 	Confesión judicial es la afirmación escrita u oral sobre algún hecho 
ante el juez competente, manifestada por una de las partes acerca de la 
materia del juicio y contra sí misma, tanto espontáneamente como a 
preguntas del juez.

1536	§ 1.	La confesión judicial de una de las partes, cuando se trata de 
un asunto privado y no entra en juego el bien público, releva a las demás de 
la carga de la prueba.
   	§ 2.	Sin embargo, en las causas que afectan al bien público, la 
confesión judicial y las declaraciones de las partes que no sean confesiones 
pueden tener fuerza probatoria, que habrá de valorar el juez juntamente 
con las demás circunstancias de la causa, pero no se les puede atribuir 
fuerza de prueba plena, a no ser que otros elementos las corroboren 
totalmente.

1537 	Respecto a la confesión extrajudicial aportada al juicio corresponde 
al juez, sopesadas todas las circunstancias, estimar qué valor debe 
atribuírsele.

1538 	La confesión o cualquier otra declaración de una parte carece de 
todo valor si consta que ha sido emitida por error de hecho o arrancada por 
violencia o miedo grave.

Capítulo II
De la prueba documental

1539 	En toda clase de juicios se admite la prueba por documentos, tanto 
públicos como privados.

Art. 1
De la prueba documental

1540	§ 1.	Son documentos públicos eclesiásticos aquellos que han 
sido redactados por una persona pública en el ejercicio de su función en la 
Iglesia y observando las solemnidades prescritas por el derecho.
   	§ 2.	Son documentos públicos civiles los que, según las leyes de 
cada lugar, se reconocen como tales.
   	§ 3.	Los demás documentos son privados.

1541 	A no ser que conste otra cosa por argumentos contrarios y 
evidentes, los documentos públicos hacen fe de todo aquello que directa y 
principalmente se afirma en ellos.

1542 	El documento privado, tanto el emitido por la parte como el 
reconocido por el juez, tiene la misma fuerza probatoria que la confesión 
extrajudicial contra su autor o quien lo firmó o sus causahabientes; contra 
los extraños, tiene la misma fuerza que las declaraciones de las partes que 
no sean confesiones, de acuerdo con el c. 1536 § 2.

1543 	Si se demuestra que los documentos están raspados, corregidos, 
interpolados o afectados por otro vicio, corresponde al juez valorar si 
pueden tenerse en cuenta y en qué medida.

Art. 2
De la presentación de los documentos

1544 	Los documentos carecen de fuerza probatoria en el juicio si no se 
presenta su original o copia auténtica, y se depositan en la cancillería del 
tribunal, para que puedan ser examinados por el juez y por el adversario.

1545 	El juez puede mandar que se presente en el proceso un documento 
común a ambas partes.

1546	§ 1.	Nadie está obligado a presentar documentos, aunque sean 
comunes, que no pueden mostrarse sin peligro de daño, de acuerdo con el 
c. 1548 § 2, 2 , o sin peligro de violar la obligación de guardar secreto.
   	§ 2.	Sin embargo, si es posible transcribir al menos una parte del 
documento y mostrarla sin los inconvenientes mencionados, el juez puede 
mandar que se presente.

Capítulo III
De los testigos y sus testimonios

1547 	En todas las causas se admite la prueba testifical bajo la dirección 
del juez.

1548	§ 1.	Los testigos deben declarar la verdad al juez que los 
interroga de manera legítima.
   	§ 2.	Quedando a salvo lo que se prescribe en el c. 1550 § 2, 2 , 
están exentos de la obligación de responder:
1 	los clérigos, en lo que se les haya confiado por razón 
del ministerio sagrado; los magistrados civiles, médicos, 
comadronas, abogados, notarios y otros que están obligados a 
guardar secreto de oficio incluso por razón del consejo dado, en lo 
que se refiere a los asuntos que caen bajo ese secreto;
2 	quienes temen que de su testimonio les sobrevendrá 
infamia, vejaciones peligrosas u otros males graves para sí mismos, 
para el cónyuge, o para consanguíneos o afines próximos.

Art. 1
Quienes pueden ser testigos

1549 	Todos pueden ser testigos, a no ser que en todo o en parte estén 
rechazados expresamente por el derecho.

1550	§ 1.	No se admitan como testigos los menores de catorce años y 
los débiles mentales, pero podrán ser oídos si el juez por decreto manifiesta 
que es conveniente.
   	§ 2.	Se consideran incapaces:
1 	los que son partes en la causa o comparecen en 
juicio en nombre de las partes, el juez y sus ayudantes, el abogado y 
aquellos otros que prestan o han prestado asistencia a las partes en 
la misma causa;
2 	los sacerdotes, respecto a todo lo que conocen por 
confesión sacramental, aunque el penitente pida que lo manifiesten; 
más aún, lo que de cualquier modo haya oído alguien con motivo de 
confesión no puede ser aceptado ni siquiera como indicio de la 
verdad.


Art. 2
De los testigos que han de ser llamados y excluidos

1551 	La parte que presentó un testigo puede renunciar a su examen; pero 
la parte contraria puede, pedir que no obstante, el testigo sea oído.

1552	§ 1.	Cuando se pide la prueba de testigos, deben indicarse al 
tribunal sus nombres y domicilios.
   	§ 2.	Dentro del plazo determinado por el juez, deben presentarse 
los artículos sobre los que se pide el interrogatorio de los testigos; de no 
hacerlo así, se considera que se desiste de la petición.

1553 	Corresponde al juez evitar un número excesivo de testigos.

1554 	Antes de interrogar a los testigos, deben notificarse sus nombres a 
las partes; pero si, según la prudente apreciación del juez, no pudiera 
hacerse esto sin grave dificultad, efectúese al menos antes de la publicación 
de los testimonios.

1555 	Quedando a salvo lo que prescribe el c. 1550, la parte puede pedir 
que se excluya a un testigo, si antes de su interrogatorio se prueba que hay 
causa justa para la exclusión.

1556 	La citación de un testigo se hace mediante decreto del juez 
legítimamente notificado al mismo.

1557 	El testigo debidamente citado debe comparecer o comunicar al juez 
el motivo de su ausencia.

Art. 3
Del examen de los testigos

1558	§ 1.	Los testigos han de ser examinados en la sede del tribunal, a 
no ser que el juez considere oportuna otra cosa.
   	§ 2.	Los Cardenales, Patriarcas, Obispos y aquéllos que según el 
derecho de su nación gozan de ese favor, han de ser oídos en el lugar por 
ellos elegido.
   	§ 3.	El juez ha de decidir dónde deben ser oídos aquéllos a 
quienes, por la distancia, enfermedad u otro impedimento, sea imposible o 
difícil acudir a la sede del tribunal, sin perjuicio de lo que prescriben los cc. 
1418 y 1469 § 2.

1559 	Las partes no pueden asistir al examen de los testigos, a no ser que 
el juez, sobre todo cuando esté en causa el bien privado, considere que han 
de ser admitidas. Pueden sin embargo asistir sus abogados o procuradores, 
a no ser que, por las circunstancias del asunto y de las personas, el juez 
estime que debe procederse en forma secreta.

1560	§ 1.	Cada testigo ha de ser examinado por separado.
   	§ 2.	Si los testigos discrepan entre sí o con la parte en una 
cuestión grave, el juez
puede realizar un careo entre ellos, evitando, en la medida de lo posible, las 
disensiones y el escándalo.

1561 	El juez, su delegado o un auditor hacen el examen del testigo, al 
que debe asistir un notario; por tanto, si las partes, el promotor de justicia, 
el defensor del vínculo, o los abogados que asisten al interrogatorio, 
quieren formular otras preguntas al testigo, no han de hacérselas 
directamente a él, sino que deben proponerlas al juez o a quien hace sus 
veces, para que sea él quien las formule, a no ser que la ley particular 
establezca otra cosa.

1562	§ 1.	El juez debe recordar al testigo su obligación grave de decir 
toda la verdad y sólo la verdad.
   	§ 2.	El juez ha de pedir juramento al testigo según el c. 1532; y 
si el testigo se niega, ha de ser oído sin juramento.

1563 	El juez debe comprobar en primer lugar la identidad del testigo, y 
ha de preguntarle cuál es su relación con las partes y, cuando le hace 
preguntas específicas acerca de la causa, debe investigar también cuáles son 
las fuentes de su conocimiento y en qué momento concreto se enteró de 
aquello que afirma.

1564 	Las preguntas han de ser breves, acomodadas a la capacidad del 
interrogado, que no abarquen varias cuestiones a la vez, no capciosas o 
falaces o que sugieran una respuesta, que a nadie ofendan y que sean 
pertinentes a la causa.

1565	§ 1.	Las preguntas no deben darse a conocer con antelación a los 
testigos.
   	§ 2.	No obstante, si los hechos sobre los que se ha de declarar 
son de tan difícil
memoria que no pueden afirmarse con certeza a no ser que se recuerden 
previamente, el juez puede anunciar con antelación al testigo algunos 
puntos, si considera que es posible hacerlo sin peligro.

1566 Los testigos prestarán testimonio oral y no deben leer escritos, a no 
ser que se trate de cálculos o de cuentas; en este caso podrán consultar las 
anotaciones que lleven consigo.

1567	§ 1.	El notario debe poner inmediatamente por escrito la 
respuesta, consignando las mismas palabras de la declaración, al menos en 
cuanto se refieren directamente al objeto del juicio.
   	§ 2.	Se puede admitir el empleo de un magnetófono, con tal de 
que las respuestas se consignen después por escrito y sean firmadas, si es 
posible, por los que han prestado declaración.

1568 El notario debe hacer constar en las actas si se prestó juramento o si 
éste fue dispensado o rehusado, y también si las partes u otras personas 
estaban presentes; así como las preguntas añadidas de oficio y, en general, 
todo aquello que haya sucedido durante el interrogatorio de los testigos y 
que merezca recordarse.

1569	§ 1.	Al terminar el examen, debe leerse al testigo lo escrito por el 
notario de su declaración, o hacerle oír lo que se ha grabado en cinta 
magnetofónica, dándole la posibilidad de añadir, suprimir, corregir o 
modificar lo que juzgue necesario.
   	§ 2.	Finalmente, deben firmar el acta el testigo, el juez y el 
notario.

1570 	Si el juez lo considera necesario o útil, con tal de que no haya 
peligro de fraude o corrupción, a petición de parte o de oficio, los testigos 
pueden ser llamados de nuevo a declarar antes de publicar las actas o 
testimonios aunque ya hayan sido examinados.

1571 	De acuerdo con la justa tasación del juez, deben reembolsarse a los 
testigos tanto los gastos que hayan hecho como los ingresos no percibidos 
con motivo del testimonio dado.

Art. 4
Del valor de los testimonios

1572 	Al valorar los testimonios, el juez debe considerar los siguientes 
aspectos, solicitando cartas testimoniales, si es necesario:
1 	cuál sea la condición de la persona y su honradez;
2 	si declara de ciencia propia, principalmente lo que ha 
visto u oído, o si manifiesta su opinión, o lo que es sentir común o 
ha oído a otros;
3 	si el testigo es constante y firmemente coherente 
consigo mismo, o si es variable, inseguro o vacilante;
4 	si hay testimonios contestes, o si la declaración se 
confirma o no con otros elementos de prueba.

1573 	La declaración de un solo testigo no tiene fuerza probatoria plena, a 
no ser que se trate de un testigo cualificado que deponga sobre lo que ha 
realizado en razón de su oficio, o que las circunstancias objetivas o 
subjetivas persuadan de otra cosa.

Capítulo IV
De los peritos

1574 	Se ha de acudir al auxilio de peritos siempre que, por prescripción 
del derecho o del juez, se requiera su estudio y dictamen, basado en las 
reglas de una técnica o ciencia, para comprobar un hecho o determinar la 
verdadera naturaleza de una cosa.

1575 	Corresponde al juez nombrar a los peritos, después de oír a las 
partes o a propuesta de ellas; y, si fuese oportuno, asumir los dictámenes 
ya elaborados por otros peritos.

1576 	Los peritos quedan excluidos o pueden ser recusados por las 
mismas causas que los testigos.

1577	§ 1.	Teniendo en cuenta lo que hubieran aducido los litigantes, el 
juez determinará mediante decreto cada una de las cuestiones que debe 
considerar el dictamen de los peritos.
   	§ 2.	Se han de entregar al perito las actas de la causa y aquellos 
otros documentos y adminículos que pueda necesitar para cumplir bien y 
fielmente su cometido.
   	§ 3.	Después de oír al perito, el juez le fijará un plazo dentro del 
cual tendrá que efectuar su estudio y presentar el dictamen.

1578	§ 1.	Cada perito ha de elaborar por separado su propio dictamen, 
a no ser que el juez mande que se presente uno solo, que habrá de ser 
firmado por todos: en este caso deben anotarse diligentemente las 
discrepancias, si las hubiere.
   	§ 2.	Los peritos han de hacer constar claramente por qué 
documentos u otros medios idóneos se han cerciorado de la identidad de 
las personas, cosas o lugares, de qué manera han procedido para cumplir el 
encargo que se les confió y, sobre todo, en qué argumentos fundan las 
conclusiones a las que hayan llegado.
   	§ 3.	El perito puede ser llamado por el juez para que añada las 
explicaciones que parezcan necesarias.

1579	§ 1.	El juez ha de ponderar atentamente no sólo las conclusiones 
de los peritos, aunque éstas sean concordes, sino también las demás 
circunstancias de la causa.
   	§ 2.	Cuando exponga las razones de su decisión, debe hacer 
constar por qué motivos ha aceptado o rechazado las conclusiones de los 
peritos.

1580 	A los peritos se les pagarán los gastos y honorarios que con 
equidad determine el juez, observando el derecho particular.

1581	§ 1.	Las partes pueden designar peritos privados, que necesitan 
la aprobación del juez.
   	§ 2.	Éstos, si el juez lo permite, pueden ver las actas de la causa, 
en la medida en que sea necesario, y asistir a la realización de la pericia; y 
pueden siempre presentar su propio dictamen.

Capítulo V
Del acceso y reconocimiento judicial

1582 	Si, para decidir la causa, el juez considera conveniente trasladarse a 
algún lugar o examinar alguna cosa, debe establecerlo mediante decreto en 
el que, habiendo oído a las partes, indique sumariamente el contenido 
concreto del reconocimiento.

1583 	Se levantará acta del reconocimiento realizado.

Capítulo VI
De las presunciones

1584 	La presunción es una conjetura probable sobre una cosa incierta. 
Puede ser de derecho, cuando la determina la ley, o de hombre, si proviene 
de un razonamiento del juez.

1585 	Quien tiene a su favor una presunción de derecho, queda exonerado 
de la carga de la prueba, que recae sobre la parte contraria.

1586 	El juez no debe formular presunción alguna que no esté establecida 
por el derecho, a no ser sobre un hecho cierto y determinado que tenga 
relación directa con lo que es objeto de controversia.

Título V
De las causas incidentales

1587 	Se produce una causa incidental siempre que, después de haber 
comenzado el juicio por la citación, se plantea una cuestión que, aun no 
estando incluida expresamente en el escrito de demanda, concierne de tal 
manera a la causa, que normalmente habrá de ser resuelta antes que la 
cuestión principal.

1588 	La causa incidental se propone por escrito o de palabra, indicando 
la relación que existe entre ella y la causa principal, ante el juez que es 
competente para juzgar esta última.

1589	§ 1.	Una vez recibida la petición y oídas las partes, el juez debe 
decidir con toda rapidez si la cuestión incidental propuesta parece tener 
fundamento y está en relación con el juicio principal, o si debe rechazarse 
desde el primer momento; y, en el caso de admitirla, si es tal su gravedad 
que deba resolverse por sentencia interlocutoria o por decreto.
   	§ 2.	Si juzga que la cuestión incidental no debe resolverse antes 
de la sentencia definitiva, decretará que sea tenida en cuenta cuando se 
defina la causa principal.

1590	§ 1.	Si la cuestión incidental debe dirimirse mediante sentencia, 
han de observarse las normas sobre el proceso contencioso oral, salvo que 
el juez estime otra cosa teniendo en cuenta la gravedad del asunto.
   	§ 2.	Pero si debe resolverse por decreto, el tribunal puede 
encomendar la cuestión a un auditor o al presidente.

1591 	Antes de terminar la causa principal, por una razón justa, el juez o 
el tribunal pueden revocar o reformar el decreto o la sentencia 
interlocutoria, tanto a instancia de parte como de oficio, después de oír a 
las partes.

Capítulo I
De la no comparecencia de las partes

1592	§ 1.	Si el demandado no comparece cuando se le cita ni da una 
excusa razonable de su ausencia, ni responde a tenor del c. 1507 § 1, el 
juez ha de declararlo ausente del juicio y mandar que la causa, observando 
lo que está mandado, prosiga hasta la sentencia definitiva y su ejecucion.
   	§ 2.	 Antes de dar el decreto de que trata el § 1, debe constar, 
reiterando si es necesario la citación, que la legítimamente hecha llegó al 
demandado en tiempo útil.

1593	§ 1.	Si el demandado comparece después en el juicio o responde 
antes de la definición de la causa, puede aducir conclusiones y pruebas, 
quedando en pie lo que prescribe el c. 1600; pero ha de procurar el juez 
que no se prolongue intencionalmente el juicio con largas e innecesarias 
demoras.
   	§ 2.	Aunque no hubiera comparecido o respondido antes de la 
definición de la causa, puede impugnar la sentencia; y puede entablar 
querella de nulidad, si prueba que no compareció por legítimo 
impedimento, que, sin culpa por su parte, no le fue posible demostrar antes.

1594 	Si en el día y hora señalados para la litiscontestación no comparece 
el actor ni aduce una excusa adecuada:
1 	el juez lo citará de nuevo;
2 	si el actor no obedece a esta nueva citación, se 
presume que renuncia a la instancia, según los cc. 1524-1525;
3 	si más tarde desea intervenir en el proceso, cúmplase 
lo establecido en el c.
1593.

1595	§ 1.	La parte ausente del juicio, sea el actor o el demandado, que 
no demuestre tener un justo impedimento, debe pagar las costas judiciales 
que se hayan ocasionado por su ausencia y, si es necesario, indemnizar 
también a la otra parte.
   	§ 2.	Si no comparecen ni el actor ni el demandado, tienen 
obligación solidaria de pagar las costas judiciales.

Capítulo II
De la intervención de un tercero en la causa

1596	§ 1.	Quien tuviere interés en la causa puede ser admitido a 
intervenir en cualquier instancia del litigio tanto como parte que defiende 
su propio derecho como, accesoriamente, para ayudar a uno de los 
litigantes.
   	§ 2.	Pero, para ser admitido, debe presentar al juez, antes de la 
conclusión de la causa, un escrito en el que exponga brevemente cuál es su 
derecho a intervenir.
   	§ 3.	Quien interviene en la causa ha de ser admitido en el estado 
en que ésta se encuentra, señalándole un plazo breve y perentorio para 
presentar sus pruebas, si la causa hubiera llegado ya al período probatorio.

1597 	Oídas las partes, el juez debe llamar al juicio a un tercero, cuya 
intervención considere necesaria.

Título VI
De la publicación de las actas y de la conclusión y discusión de la 
causa

1598	§ 1.	Una vez recibidas las pruebas, el juez, mediante decreto 
debe permitir, bajo pena de nulidad, que las partes y sus abogados 
examinen en la cancillería del tribunal las actas que aún no conocen; e 
incluso se puede entregar copia de las actas a los abogados que la pidan; no 
obstante, en las causas que afectan al bien público, el juez, para evitar 
peligros gravísimos, puede decretar que algún acto no sea manifestado a 
nadie, teniendo cuidado de que siempre quede a salvo el derecho de 
defensa.
   	§ 2.	Para completar las pruebas, las partes pueden proponer 
otras al juez; y, después de recibir éstas, si el juez lo considera necesario, 
ha de dictarse nuevamente el decreto al que hace referencia el § 1.

1599	§ 1.	 Una vez terminado todo lo que se refiere a la presentación 
de las pruebas, se llega a la conclusión de la causa.
   	§ 2.	Esta conclusión tiene lugar cuando las partes declaran que 
no tienen más que aducir, o ha transcurrido el plazo útil establecido por el 
juez para presentar las pruebas, o el juez manifiesta que la causa está 
suficientemente instruida.
   	§ 3.	El juez dictará el decreto de conclusión de la causa, 
cualquiera que sea el modo en el que ésta se ha producido.

1600	§ 1.	Después de la conclusión de la causa, el juez puede llamar a 
los mismos o a otros testigos, o mandar que se practiquen pruebas no 
pedidas con anterioridad, solamente:
1 	en las causas en las que se trate solo del bien 
particular de las partes, si todas ellas están de acuerdo;
2 	en las demás causas, después de oír a las partes y 
con tal de que haya una razón grave y se evite todo peligro de 
fraude o de soborno;
3 	en todas las causas, cuando es verosímil que, de no 
admitirse una nueva prueba, la sentencia habrá de ser injusta, por 
las razones expuestas en el c.  1645 § 2, 1 -3 .
   	§ 2.	El juez puede sin embargo mandar o permitir que se 
presente un documento, que quizá antes no pudo presentarse sin culpa del 
interesado.
   	§ 3.	Las nuevas pruebas han de publicarse, cumpliendo el c. 
1598 § 1.

1601 	Una vez realizada la conclusión de la causa, el juez establecerá un 
plazo conveniente para que se presenten las defensas o alegatos.

1602	§ 1.	Las defensas y alegatos han de hacerse por escrito, a no ser 
que el juez, con el consentimiento de las partes, considere suficiente la 
discusión ante el tribunal en sesión.
   	§ 2.	 Es necesario el permiso previo del juez para imprimir las 
defensas junto con los documentos principales, quedando a salvo la 
obligación de guardar secreto si existiera esa obligación.
   	§ 3.	En lo que se refiere a la extensión de las defensas, número 
de ejemplares y otras circunstancias semejantes se observará el reglamento 
del tribunal.

1603	§ 1.	Una vez intercambiadas por las partes las defensas y 
alegatos, ambas pueden presentar réplicas, dentro de un plazo breve y 
determinado por el juez.
   	§ 2.	 Este derecho compete a las partes una sola vez, a no ser 
que, por causa grave, el juez estime que debe concederlo otra vez; y, en ese 
caso, la concesión hecha a una parte se entiende también otorgada a la otra.
   	§ 3.	El promotor de justicia y el defensor del vínculo tienen 
derecho a replicar de nuevo a las respuestas de las partes.

1604	§ 1.	Está terminantemente prohibido que las partes, los abogados 
u otras personas, transmitan al juez informaciones que queden fuera de las 
actas de la causa.
   	§ 2.	Si la discusión de la causa se ha hecho por escrito, el juez 
puede ordenar que se tenga un moderado debate oral ante el tribunal, con 
el fin de aclarar algunas cuestiones.

1605 	Al debate oral de que tratan los cc. 1602 § 1 y 1604 § 2, debe 
asistir un notario, para levantar inmediatamente acta de los asuntos 
discutidos y de las conclusiones, siempre que el juez lo mande o lo 
consienta a petición de parte.

1606 	Si las partes descuidan la presentación de la defensa dentro del 
plazo útil, o si se remiten a la ciencia y conciencia del juez, éste puede 
inmediatamente dictar sentencia, si por lo alegado y probado tiene pleno 
conocimiento de la cuestión, después de requerir las observaciones del 
promotor de justicia y del defensor del vínculo, si intervienen en el juicio.

Título VII
De los pronunciamientos del juez

1607 	Una causa tratada judicialmente, si es principal se decide por el juez 
mediante sentencia definitiva; si es incidental, mediante sentencia 
interlocutoria, sin perjuicio de lo que establece el c. 1589 § 1.

1608	§ 1.	Para dictar cualquier sentencia, se requiere en el ánimo del 
juez certeza moral sobre el asunto que debe dirimir.
   	§ 2.	El juez ha de conseguir esta certeza de lo alegado y 
probado.
   	§ 3.	El juez debe valorar las pruebas según su conciencia, 
respetando las normas
sobre la eficacia de ciertas pruebas.
   	§ 4.	Si no hubiera alcanzado esa certeza, el juez ha de sentenciar 
que no consta el derecho del actor y ha de absolver al demandado, a no ser 
que se trate de una causa que goza del favor del derecho, en cuyo caso 
debe pronunciarse en pro de ésta.

1609	§ 1.	 Cuando el tribunal es colegial, el presidente establecerá el 
día y hora en que los jueces deben reunirse para deliberar; y, salvo que una 
causa especial aconseje otra cosa, la reunión se tendrá en la misma sede del 
tribunal.
   	§ 2.	El día señalado, cada juez presentará sus conclusiones 
escritas sobre el objeto del litigio, con las razones en que se apoyan, tanto 
de derecho como de hecho; y esas conclusiones, que deben guardarse bajo 
secreto, se añadirán a las actas de la causa.
   	§ 3.	Después de invocar el Nombre de Dios, leídas por orden de 
precedencia las conclusiones de cada uno, pero de modo que siempre 
comience por el ponente o relator de la causa, téngase una discusión, bajo 
la dirección del presidente del tribunal, sobre todo para determinar qué 
debe establecerse en la parte dispositiva de la sentencia.
   	§ 4.	En la discusión cualquier juez puede modificar su anterior 
conclusión. Pero el juez que no quiera sumarse a la decisión de los demás, 
puede exigir que, si hubiera apelación, se transmitan sus conclusiones al 
tribunal superior.
   	§ 5.	Si los jueces no quieren o no pueden dictar sentencia en la 
primera discusión, puede diferirse la decisión hasta una nueva reunión, pero 
no por más de una semana, a no ser que haya de completarse la instrucción 
de la causa a tenor del c. 1600.

1610	§ 1.	Si el juez es único, redactará él mismo la sentencia.
   	§ 2.	En el tribunal colegial, corresponde al ponente o relator 
redactar la sentencia,
tomando los motivos de entre aquellos que los jueces expusieron en la 
discusión a no ser que la mayoría de los jueces determine expresamente los 
motivos que han de preferirse; la sentencia debe someterse después a la 
aprobación de cada uno de ellos.
   	§ 3.	La sentencia debe darse antes de un mes a partir del día en 
que se definió la causa, a no ser que, por una razón grave, los jueces de un 
tribunal colegial establezcan un plazo más largo.

1611 	La sentencia debe:
1 	dirimir la controversia discutida ante el tribunal, 
dando a cada duda la respuesta conveniente;
2 	determinar cuáles son las obligaciones de las partes 
derivadas del juicio, y cómo han de cumplirse;
3 	exponer las razones o motivos, tanto de derecho 
como de hecho, en los que se funda la parte dispositiva de la 
sentencia;
4 	determinar lo referente a las costas del litigio.

1612	§ 1.	Después de invocar el Nombre de Dios, la sentencia debe 
exponer, por orden, quién es el juez o el tribunal; quiénes son el actor, el 
demandado y el procurador, indicando sus nombres y domicilios; así como 
el promotor de justicia y el defensor del vínculo, si tomaron parte en el 
juicio.
   	§ 2.	Después debe exponer brevemente el hecho del que se trata, 
las conclusiones de las partes y la fórmula de las dudas.
   	§ 3.	A continuación seguirá la parte dispositiva de la sentencia, 
precedida de las razones en que se fundamenta.
   	§ 4.	Se concluye con la indicación del día y del lugar en que se 
ha dictado, con la firma del juez o de todos los jueces, si el tribunal es 
colegial, y del notario.

1613 	Las reglas arriba expuestas sobre la sentencia definitiva han de 
acomodarse también a la sentencia interlocutoria.

1614 	La sentencia debe publicarse cuanto antes, indicando de qué modos 
puede impugnarse; y no produce efecto alguno antes de su publicación, aun 
cuando la parte dispositiva se haya notificado a las partes, con permiso del 
juez.

1615 	La publicación o intimación de la sentencia puede hacerse bien 
entregando una copia de la misma a las partes o a sus procuradores, bien 
remitiéndosela de acuerdo con el c. 1509.

1616	§ 1.	Si en el texto de la sentencia hubiera un error de cálculo, o 
se hubiera deslizado un error material en la transcripción de la parte 
dispositiva o en la exposición de los hechos o de las peticiones de las 
partes, o faltasen los requisitos del c. 1612 § 4, la sentencia debe ser 
corregida o completada a instancia de parte, o de oficio, por el mismo 
tribunal que la dictó, pero siempre oídas las partes y añadiendo un decreto 
al pie de la sentencia.
   	§ 2.	 Si se opone alguna de las partes, la cuestión incidental se 
decidirá por decreto.

1617 	Fuera de la sentencia, los demás pronunciamientos del juez son 
decretos, los cuales, salvo que sean de mero trámite, carecen de toda 
eficacia si en ellos no se hacen constar, al menos de modo sumario, los 
motivos, o no remiten a motivos expresados ya en otro acto.

1618 	La sentencia interlocutoria o el decreto tienen fuerza de sentencia 
definitiva si impiden o ponen fin al juicio o a una instancia del mismo, al 
menos por lo que se refiere a una de las partes en causa.

Título VIII
De la impugnación de la sentencia
Capítulo I
De la querella de nulidad contra la sentencia

1619 	Siempre que se trate de una causa que se refiera al bien de las 
personas privadas, quedan sanadas por la sentencia las nulidades de los 
actos establecidos por el derecho positivo que, siendo conocidas por la 
parte que propone la querella, no hayan sido denunciadas al juez antes de la 
sentencia, quedando en pie lo que prescriben los cc. 1622 y 1623.

1620 	La sentencia adolece de vicio de nulidad insanable si:
1 	fue dictada por un juez absolutamente incompetente;
2 	fue dictada por quien carece de potestad de juzgar 
en el tribunal ante el cual se ha tratado la causa;
3 	el juez emitió sentencia coaccionado por violencia o 
miedo grave;
4 	el juicio se ha realizado sin la petición judicial de la 
que se trata en el c. 1501, o no se entabló contra algún demandado;
5 	se dio entre partes de las cuales una al menos no 
tiene capacidad de actuar en juicio;
6 	alguien actuó en nombre de otro sin mandato 
legítimo;
7 	fue denegado a una de las dos partes el derecho de 
defensa;
8 	no dirimió la controversia, ni siquiera parcialmente.

1621 	La querella de nulidad a la que se refiere el c. 1620 puede 
proponerse perpetuamente como excepción y como acción, en el plazo de 
diez años desde la fecha de la sentencia, ante el juez que la dictó.

1622 	La sentencia adolece de vicio de nulidad sanable, exclusivamente si:
1 	ha sido dada por un número no legítimo de jueces, 
contra lo que prescribe el c. 1425 § 1.
2 	no contiene los motivos o razones de la decisión;
3 	carece de las firmas prescritas por el derecho;
4 	no lleva indicación del año, mes, día y lugar en que 
fue dictada;
5 	se basa en un acto judicial afectado de una nulidad 
que no haya quedado subsanada a tenor del c. 1619;
6 	fue dada contra una parte legítimamente ausente, de 
acuerdo con el c. 1593 § 2.


1623 	En los casos a que se refiere el c. 1622, la querella de nulidad puede 
proponerse en el plazo de tres meses desde que se tuvo conocimiento de la 
publicación de la sentencia.

1624 	Examina la querella de nulidad el mismo juez que dictó la sentencia; 
pero si la parte teme que dicho juez tenga prejuicios y, por tanto, lo 
considera sospechoso, puede exigir que sea sustituido por otro juez, de 
acuerdo con el c. 1450.

1625 	La querella de nulidad puede proponerse junto con la apelación, 
dentro del plazo establecido para ésta.

1626	§ 1.	Pueden interponer querella de nulidad no sólo las partes que 
se consideren perjudicadas, sino también el promotor de justicia o el 
defensor del vínculo, cuando éstos tienen derecho a intervenir.
   	§ 2.	El mismo juez puede revocar o enmendar de oficio la 
sentencia nula que dictó, dentro del plazo determinado en el c. 1623, a no 
ser que, entretanto, se haya interpuesto apelación junto con la querella de 
nulidad, o que la nulidad haya quedado subsanada por caducidad del plazo 
indicado en el c. 1623.

1627 	Las causas sobre querella de nulidad pueden tratarse según las 
normas del proceso contencioso oral.

Capítulo II
De la apelación

1628 	La parte que se considera perjudicada por una sentencia, así como 
el promotor de justicia y el defensor del vínculo en las causas que requieren 
su presencia, tienen derecho a apelar al juez superior contra la sentencia, 
quedando a salvo lo que prescribe el c. 1629.

1629 	No cabe apelación:
1 	contra la sentencia del mismo Sumo Pontífice o de la 
Signatura Apostólica;
2 	contra la sentencia que adolece de vicio de nulidad, a 
no ser que la apelación se acumule con la querella de nulidad, de 
acuerdo con el c. 1625;
3 	contra la sentencia que ha pasado a cosa juzgada;
4 	contra el decreto del juez o sentencia interlocutoria 
que no tengan fuerza de sentencia definitiva, a no ser que se 
acumule con la apelación contra la sentencia definitiva;
5 	contra la sentencia o decreto en una causa que según 
el derecho debe dirimirse con la mayor rapidez posible.

1630	§ 1.	La apelación debe interponerse ante el juez que dictó la 
sentencia, dentro del plazo perentorio de quince días útiles desde que se 
tuvo conocimiento de la publicación de la sentencia.
   	§ 2.	Si se interpone oralmente, el notario la redactará por escrito 
en presencia del apelante.

1631 	Si surge una cuestión sobre el derecho de apelación, ha de dirimirla 
con la mayor rapidez posible el tribunal de apelación, según las normas 
sobre el proceso contencioso oral.

1632	§ 1.	Si en la apelación no se indica a qué tribunal se dirige, se 
presume hecha al tribunal de que tratan los cc. 1438 y 1439.
   	§ 2.	Si otra de las partes apela a un tribunal distinto, resuelve la 
causa el tribunal que tenga grado superior, quedando a salvo lo que 
prescribe el c. 1415.

1633 	La apelación ha de proseguirse ante el juez ad quem en el plazo de 
un mes desde que se interpuso, a no ser que el juez a quo hubiera otorgado 
a la parte un plazo más largo para proseguirla.

1634	§ 1.	Para proseguir la apelación se requiere y basta que la parte 
invoque la intervención del juez superior para corregir la sentencia 
impugnada acompañando copia de la misma e indicando las razones por las 
que apela.
   	§ 2.	Pero si la parte no puede obtener del tribunal a quo una 
copia de la sentencia impugnada en tiempo útil, los plazos entretanto no 
corren, y dicho impedimento se ha de notificar al juez de apelación que 
debe mandar mediante precepto al juez a quo que cumpla cuanto antes su 
obligación.
   	§ 3.	Entretanto, el juez a quo debe remitir las actas al juez de 
apelación, de acuerdo con el c. 1474.

1635 	Transcurridos inútilmente los plazos fatales de apelación ante los 
jueces a quo o ad quem, la apelación se considera desierta.

1636	§ 1.	El que ha apelado puede renunciar a la apelación, con los 
efectos que se especifican en el c. 1525.
   	§ 2.	Si la apelación ha sido interpuesta por el defensor del 
vínculo o por el promotor de justicia, puede procederse a la renuncia, si la 
ley no establece otra cosa, por el defensor del vínculo o el promotor de 
justicia del tribunal de apelación.

1637	§ 1.	La apelación del actor aprovecha también al demandado, y 
viceversa.
   	§ 2.	Si son varios los demandados o los actores y sólo por uno o 
contra uno de
ellos se impugna la sentencia, se considera que la impugnación ha sido 
interpuesta por todos y contra todos, siempre que la cosa pedida sea 
indivisible o se trate de una obligación solidaria.
   	§ 3.	Si una parte apela sobre algún capítulo de la sentencia, la 
parte contraria, aunque hubiera transcurrido el plazo fatal para apelar, 
puede hacerlo incidentalmente sobre otros capítulos de la sentencia, dentro 
del plazo perentorio de quince días desde que se le notificó la apelación 
principal.
   	§ 4.	A no ser que conste otra cosa, la apelación se presume 
hecha contra todos los capítulos de la sentencia.

1638 	La apelación suspende la ejecución de la sentencia.

1639	§ 1.	Salvo lo dispuesto por el c. 1683, en grado de apelación no 
puede admitirse un nuevo motivo de demanda, ni siquiera a título de 
acumulación útil; por lo tanto, la litiscontestación sólo puede tratar de si la 
sentencia anterior se confirma o bien se reforma en todo o en parte.
   	§ 2.	Unicamente se admiten nuevas pruebas de acuerdo con el c. 
1600.

1640 	En grado de apelación debe procederse, con las debidas 
adaptaciones, del mismo modo que en primera instancia, pero, a no ser que 
deban completarse las pruebas, inmediatamente después de la 
litiscontestación, hecha de acuerdo con los cc. 1513 § 1 y 1639 § 1, se 
debe pasar a la discusión de la causa y a la sentencia.

Título IX
De la cosa juzgada y de la restitución «in integrum»
Capítulo I
De la cosa juzgada

1641 	Quedando a salvo lo que prescribe el c. 1643, se produce la cosa 
juzgada:
1 	si hay dos sentencias conformes entre los mismos 
litigantes, sobre la misma petición hecha por los mismos motivos;
2 	si no se hubiera interpuesto apelación contra la 
sentencia dentro del plazo útil;
3 	si, en grado de apelación, hubiera caducado la 
instancia o se hubiera renunciado a ella;
4 	si se dictó sentencia definitiva, contra la cual no cabe 
apelación, de acuerdo con el c. 1629.

1642	§ 1.	La cosa juzgada goza de la firmeza del derecho, y no puede 
impugnarse directamente, si no es de acuerdo con el c. 1645 § 1.
   	§ 2.	La misma hace ley entre las partes y da lugar a acción y a 
excepción de cosa juzgada, que puede también el juez declarar de oficio 
para impedir que vuelva a introducirse la misma causa.

1643 	Nunca pasan a cosa juzgada las causas sobre el estado de las 
personas, incluso las de separación de los cónyuges.

1644	§ 1.	Si se pronuncian dos sentencias conformes en una causa 
acerca del estado de las personas, puede recurrirse en cualquier momento 
al tribunal de apelación, aduciendo nuevas y graves pruebas o razones, 
dentro del plazo perentorio de treinta días desde que se propuso la 
impugnación. Y, dentro de un mes a partir de la presentación de las nuevas 
pruebas y razones, el tribunal de apelación debe decidir mediante decreto si 
admite o no la nueva proposición de la causa.
   	§ 2.	La petición al tribunal superior para obtener una nueva 
proposición de la causa no suspende la ejecución de la sentencia, a no ser 
que la ley establezca otra cosa o el tribunal de apelación mande que se 
suspenda de acuerdo con el c.  1650 § 3.

Capítulo II
De la restitución «in integrum»

1645	§ 1.	Contra la sentencia que haya pasado a cosa juzgada cabe la 
restitución in integrum, con tal de que conste manifiestamente su injusticia.
   	§ 2.	Sólo se considera manifiesta la injusticia:
1 	si la sentencia de tal manera se basa en pruebas, que 
posteriormente se han descubierto ser falsas, que sin tales pruebas 
la parte dispositiva de la sentencia resulte insostenible;
2 	si se descubren posteriormente documentos que 
prueban sin lugar a duda hechos nuevos que exigen una decisión 
contraria;
3 	si la sentencia ha sido originada por el dolo de una 
parte y en daño de la otra;
4 	si es evidente que se ha menospreciado la 
prescripción de una ley no meramente procesal;
5 	si la sentencia contradice una decisión precedente 
que haya pasado a cosa juzgada.

1646	§ 1.	La restitución in integrum por los motivos indicados en el c. 
1645 § 2, 1 - 3 , debe pedirse al juez que dictó la sentencia dentro del plazo 
de tres meses, a partir del día en que se tuvo conocimiento de esos 
motivos.
   	§ 2.	La restitución in integrum por los motivos indicados en el c. 
1645 § 2, 4  y 5 ,
debe pedirse al tribunal de apelación en el plazo de tres meses desde que se
tuvo noticia de la publicación de la sentencia; pero en el supuesto del c. 
1645
   	§ 2, 5 , si se llegó al conocimiento de la decisión precedente más 
tarde, el plazo comienza a transcurrir a partir de entonces.
   	§ 3.	Los plazos arriba establecidos no comienzan a computarse 
mientras el perjudicado sea menor de edad.

1647	§ 1.	La petición de restitución in integrum suspende la ejecución 
de la sentencia si aún no ha comenzado a realizarse.
   	§ 2.	Sin embargo, cuando por indicios probables se sospecha que 
la petición se ha hecho para demorar la ejecución, el juez puede mandar 
que se ejecute la sentencia, dando las oportunas garantías al peticionario 
para el caso de que se conceda la restitución in integrum.

1648 	Una vez concedida la restitución in integrum, el juez debe 
pronunciarse sobre la sustancia de la causa.

Título X
De las costas judiciales y del patrocinio gratuito

1649	§ 1.	El Obispo, a quien compete moderar el tribunal, ha de dictar 
normas acerca de:
1 	la condena de las partes al pago o compensación de 
las costas judiciales;
2 	los honorarios de los procuradores, abogados, 
peritos e intérpretes, así como la indemnización de testigos;
3 	la concesión del patrocinio gratuito o de la reducción 
de costas;
4 	el resarcimiento de daños que debe aquel que no 
sólo perdió el pleito, sino que litigó temerariamente;
5 	el depósito de dinero o garantía que se ha de prestar 
sobre el pago de costas y el resarcimiento de daños.
   	§ 2.	Contra el pronunciamiento sobre las costas, honorarios y 
resarcimiento de daños no se da apelación por separado, pero la parte 
puede recurrir en el plazo de quince días, ante el mismo juez, quien podrá 
modificar la tasación.

Título XI
De la ejecución de la sentencia

1650	§ 1.	Puede ejecutarse una sentencia que haya pasado a cosa 
juzgada, salvo lo prescrito en el c. 1647.
   	§ 2.	El juez que dictó la sentencia, y también el juez de 
apelación, en su caso, pueden ordenar de oficio o a instancia de parte la 
ejecución provisional de una sentencia que aún no haya pasado a cosa 
juzgada, cuando se trate de provisiones o prestaciones ordenadas al 
necesario sustento, o cuando urja otra causa justa, estableciendo las 
oportunas garantías, si es preciso.
   	§ 3.	Cuando se impugne la sentencia de que se trata en el § 2, si 
el juez que debe decidir sobre la impugnación ve que ésta tiene fundamento 
probable y que de la ejecución puede seguirse un daño irreparable, podrá 
suspender la ejecución o supeditarla a la prestación de garantía.

1651 	No puede procederse a la ejecución antes de obtener el decreto 
ejecutorio del juez, por el que manda que la sentencia se ejecute; y, según 
sea la naturaleza de la causa, ese decreto puede incluirse en la misma 
sentencia o darse por separado.

1652 	Si la ejecución de la sentencia exige previa rendición de cuentas, se 
plantea una cuestión incidental, que debe decidir el mismo juez que dictó la 
sentencia de cuya ejecución se trata.

1653	§ 1.	 A no ser que la ley particular establezca otra cosa, el 
Obispo de la diócesis en la que se dictó la sentencia en primer grado, debe 
mandarla ejecutar, personalmente o por medio de otro.
   	§ 2.	Si éste se niega o es negligente, la ejecución, a instancia de 
la parte interesada o también de oficio, corresponde a la autoridad a la cual, 
según el c. 1439 § 3, está sometido el tribunal de apelación.
   	§ 3.	Entre religiosos, la ejecución de la sentencia corresponde al 
Superior que la dictó o que nombró juez delegado.

1654	§ 1.	El ejecutor debe ejecutar la sentencia de acuerdo con el 
sentido obvio de sus palabras, a no ser que en la sentencia misma se 
hubiera dejado algo a su arbitrio.
   	§ 2.	Puede el ejecutor decidir sobre las excepciones acerca del 
modo y eficacia de la ejecución, pero no acerca de la sustancia de la causa; 
pero si le consta por otra parte que la sentencia es nula o manifiestamente 
injusta, de acuerdo con los cc. 1620, 1622, 1645, debe abstenerse de 
ejecutarla y remitir el asunto al tribunal que dictó la sentencia, 
notificándolo a las partes.

1655	§ 1.	Por lo que se refiere a las acciones reales, cuando se ha 
adjudicado alguna cosa al actor, le será entregada tan pronto se produzca 
la cosa juzgada.
   	§ 2.	Pero en lo que respecta a las acciones personales, cuando el 
demandado ha sido condenado a entregar una cosa mueble, o a pagar una 
cantidad de dinero, o a dar o hacer otra cosa, el juez en la misma sentencia 
o el ejecutor según su arbitrio y prudencia determinarán un plazo para 
cumplir la obligación, no inferior a quince días ni superior a seis meses.

SECCION II
DEL PROCESO CONTENCIOSO ORAL

1656	§ 1.	Por el proceso contencioso oral que se regula en esta 
sección, pueden tratarse todas las causas no excluidas por el derecho, salvo 
que una de las partes pida que se siga el proceso contencioso ordinario.
   	§ 2.	Son nulos los actos judiciales si se emplea el proceso oral 
fuera de los casos permitidos por el derecho.

1657 	El proceso contencioso oral se hace en primer grado ante un juez 
único, de acuerdo con el c. 1424.

1658	§ 1.	Además de lo indicado en el c. 1504, el escrito de demanda 
debe:
1 	exponer de forma breve, completa y clara los hechos 
en los que se fundan las peticiones del actor;
2 	indicar las pruebas por las que el actor pretende 
demostrar los hechos y que no puede aportar con la demanda, de 
manera que el juez pueda recabarlas inmediatamente.
   	§ 2.	A la demanda se deben añadir, al menos en copia auténtica, 
los documentos en que se basa la petición.

1659	§ 1.	Cuando el intento de conciliación de acuerdo con el c. 1446 
§ 2 resulte inútil, si el juez considera que la demanda tiene algún 
fundamento, mandará en el plazo de tres días, mediante decreto consignado 
al pie del escrito, que se remita copia de este al demandado, concediéndole 
facultad de enviar sus respuestas por escrito a la cancillería del tribunal en 
el plazo de quince días.
   	§ 2.	Esta notificación produce los efectos de la citación judicial 
indicados en el c. 1512.

1660 	Si lo requieren las excepciones propuestas por el demandado, el 
juez señalará al actor un plazo para que responda, de manera que, a la vista 
de los alegatos de ambas partes, pueda hacerse cargo del objeto de la 
controversia.

1661	§ 1.	Transcurridos los plazos que señalan los cc. 1659 y 1660, y 
a la vista de las actas, el juez determinará la fórmula de la duda; y después 
citará a todos los que deben asistir a la audiencia, que debe celebrarse en 
un plazo no superior a treinta días, comunicando a las partes la fórmula de 
la duda.
   	§ 2.	En la citación adviértase a las partes que, al menos tres días 
antes de la audiencia, pueden presentar al tribunal algún escrito breve para 
demostrar sus afirmaciones.

1662 	En la audiencia han de tratarse en primer término las cuestiones a 
que se refieren los cc. 1459-1464.

1663	§ 1.	Las pruebas se recogen en la audiencia, salvo lo 
determinado en el c. 1418.
   	§ 2.	Cada parte y su abogado pueden asistir al interrogatorio de 
las demás y de los testigos y peritos.

1664 	El notario ha de recoger por escrito las respuestas de las partes, de 
los testigos y de los peritos, así como las peticiones y excepciones de los 
abogados, pero de modo resumido y sólo en lo pertinente a la sustancia del 
litigio; y esos escritos han de ser firmados por los declarantes.

1665 	Las pruebas que no hayan sido presentadas o solicitadas en la 
petición o en la respuesta, únicamente pueden ser admitidas por el juez en 
conformidad con el c. 1452; pero después de que haya sido oído aunque 
sea un sólo testigo, el juez únicamente puede ordenar otras pruebas de 
acuerdo con el c. 1600.

1666 	Si no fuera posible recoger todas las pruebas en una audiencia, se 
convocará otra audiencia.

1667 	Reunidas las pruebas, se procederá a la discusión oral en la misma 
audiencia.

1668	§ 1.	Si de la discusión no se deduce la necesidad de una 
instrucción supletoria o la existencia de otro impedimento para dictar 
sentencia, el juez debe decidir la causa inmediatamente, al terminar la 
audiencia y a solas; y ha de leerse enseguida la parte dispositiva de la 
sentencia ante las partes presentes.
   	§ 2.	Por la dificultad del asunto u otra causa justa, el tribunal 
puede diferir la sentencia durante cinco días útiles.
   	§ 3.	Se debe notificar cuanto antes a las partes el texto completo 
de la sentencia, con expresión de los motivos, ordinariamente en un plazo 
no mayor de quince días.

1669 	Si el tribunal de apelación observa que en el grado inferior se ha 
empleado el proceso contencioso oral en un caso excluido por el derecho, 
debe declarar la nulidad de la sentencia y devolver la causa al tribunal que 
dictó esa sentencia.

1670 	En las demás cosas referentes al procedimiento, deben observarse 
las normas sobre el juicio contencioso ordinario. Puede sin embargo el 
tribunal, por decreto motivado, y sin detrimento de la justicia, derogar las 
normas procesales cuyo cumplimiento no se requiere para la validez, a fin 
de lograr mayor rapidez.

PARTE III
DE ALGUNOS PROCESOS ESPECIALES
Título I
De los procesos matrimoniales
Capítulo I
De las causas para declarar la nulidad del matrimonio
Art. 1
Del fuero competente

1671 	Las causas matrimoniales de los bautizados corresponden al juez 
eclesiástico por derecho propio.

1672 	Las causas sobre los efectos meramente civiles del matrimonio 
pertenecen al juez civil, a no ser que el derecho particular establezca que 
tales causas puedan ser tratadas y decididas por el juez eclesiástico cuando 
se planteen de manera incidental y accesoria.

1673 	Para las causas de nulidad de matrimonio no reservadas a la Sede 
Apostólica, son competentes:
1 	el tribunal del lugar en que se celebró el matrimonio;
2 	el tribunal del lugar en que el demandado tiene su 
domicilio o cuasidomicilio;
3 	el tribunal del lugar en que tiene su domicilio la parte 
actora, con tal de que ambas partes residan en el territorio de una 
misma Conferencia Episcopal y dé su consentimiento el Vicario 
judicial del domicilio de la parte demandada, habiendo oído a ésta;
4 	el tribunal del lugar en que de hecho se han de 
recoger la mayor parte de las pruebas, con tal de que lo consienta el 
Vicario judicial del domicilio de la parte demandada, previa 
consulta a ésta por si tiene alguna objeción.

Art. 2
Del derecho a impugnar el matrimonio

1674 	Son hábiles para impugnar el matrimonio:
1 	los cónyuges;
2 	el promotor de justicia, cuando la nulidad ya se ha 
divulgado si no es posible o conveniente convalidar el matrimonio.

1675	§ 1.	El matrimonio que no fue acusado en vida de ambos 
cónyuges no puede ser impugnado tras la muerte de uno de ellos o de los 
dos, a no ser que la cuestión sobre su validez sea prejudicial para resolver 
otra controversia, ya en el fuero canónico ya en el civil.
   	§ 2.	Si el cónyuge muere mientras está pendiente la causa, debe 
observarse lo prescrito en el c. 1518.

Art. 3
Del oficio de los jueces

1676 	Antes de aceptar una causa y siempre que vea alguna esperanza de 
éxito, el juez empleará medios pastorales para inducir a los cónyuges, si es 
posible, a convalidar su matrimonio y a restablecer la convivencia 
conyugal.

1677	§ 1.	Una vez aceptada la demanda, el presidente o el ponente 
procederá a notificar el decreto de citación, de acuerdo con el c. 1508.
   	§ 2.	Transcurridos quince días desde la notificación, el presidente 
o el ponente, a no ser que una de las partes hubiera solicitado una sesión 
para la contestación de la demanda, en el plazo de diez días determinará 
por decreto y de oficio la fórmula de la duda o de las dudas, y la notificará 
a las partes.
   	§ 3.	La fórmula de la duda no sólo debe plantear si consta la 
nulidad del matrimonio en el caso del que se trata, sino también especificar 
por qué capítulo o capítulos se impugna su validez.
   	§ 4.	Pasados diez días desde la notificación del decreto, si las 
partes no han objetado nada, el presidente o el ponente ordenará con nuevo 
decreto la instrucción de la causa.

Art. 4
De las pruebas

1678	§ 1.	El defensor del vínculo, los abogados y también el promotor 
de justicia si interviene en el juicio, tienen derecho:
1 	a asistir al examen de las partes, de los testigos y de 
los peritos, quedando a salvo lo que prescribe el c. 1559.
2 	a conocer las actas judiciales, aun cuando no estén 
publicadas, y a examinar los documentos presentados por las partes.
   	§ 2.	Las partes no pueden asistir al examen del que se trata en el 
§ 1, 1 .

1679 	A no ser que las pruebas sean plenas por otro concepto, para 
valorar las declaraciones de las partes de acuerdo con el c. 1536, el juez ha 
de requerir, si es posible, testigos que declaren acerca de la credibilidad de 
las partes; y usará también otros indicios y adminículos.

1680 	En las causas sobre impotencia o falta de consentimiento por 
enfermedad mental, el juez se servirá de uno o varios peritos, a no ser que, 
por las circunstancias, conste con evidencia que esa pericia resultará inútil; 
en las demás causas, debe observarse lo que indica el c. 1574.

Art. 5
De la sentencia y de la apelación

1681 	Cuando en la instrucción de la causa surge una duda muy probable 
de que no se ha producido la consumación del matrimonio, puede el 
tribunal, suspendiendo la causa de nulidad con el consentimiento de las 
partes, realizar la instrucción del proceso para la dispensa del matrimonio 
rato, y luego transmitir las actas a la Sede Apostólica junto con la petición 
de dispensa hecha por ambos cónyuges o por uno de ellos, y con el voto 
del tribunal y del Obispo.

1682	§ 1.	La sentencia que declara por vez primera la nulidad de un 
matrimonio, junto con las apelaciones, si las hay, y demás actas del 
proceso, debe transmitirse de oficio al tribunal de apelación dentro del 
plazo de veinte días a partir de la publicación de la sentencia.
   	§ 2.	Si la sentencia en favor de la nulidad se ha dictado en 
primera instancia, el tribunal de apelación, vistas las observaciones del 
defensor del vínculo y, si las hay, también las de las partes, debe, mediante 
decreto, o confirmar la decisión sin demora o admitir la causa para que sea 
examinada con trámite ordinario en la nueva instancia.

1683 	Si en el grado de apelación se aduce un nuevo capítulo por el que se 
pide la declaración de nulidad de un matrimonio, el tribunal de apelación 
puede admitirlo y juzgar acerca de él como en primera instancia.

1684	§ 1.	Cuando la sentencia que por vez primera declaró la nulidad 
de un matrimonio ha sido confirmada en grado de apelación mediante 
decreto o nueva sentencia, aquellos cuyo matrimonio ha sido declarado 
nulo pueden contraer nuevas nupcias a partir del momento en el que se les 
ha notificado el decreto o la nueva sentencia, a no ser que esto se prohiba 
por un veto incluido en la sentencia o decreto, o establecido por el 
Ordinario del lugar.
   	§ 2.	Las prescripciones del c. 1644 han de observarse aunque la 
sentencia que declaraba la nulidad del matrimonio hubiera sido confirmada 
no con otra sentencia, sino mediante decreto.

1685 	En cuanto la sentencia se haya hecho ejecutiva, el Vicario judicial 
debe notificarla al Ordinario del lugar en el que se celebró el matrimonio. Y 
éste debe cuidar de que se anoten cuanto antes en el libro de matrimonios y 
en el de bautismos la nulidad que se ha declarado y las prohibiciones que 
quizá se hayan añadido.

Art. 6
Del proceso documental

1686 	Una vez recibida la petición hecha conforme al c. 1677, el Vicario 
judicial o el juez por éste designado puede declarar mediante sentencia la 
nulidad de un matrimonio, omitiendo las solemnidades del proceso 
ordinario pero citando a las partes y con intervención del defensor del 
vínculo, si por un documento al que no pueda oponerse ninguna objeción ni 
excepción consta con certeza la existencia de un impedimento dirimente o 
el defecto de forma legítima, con tal de que conste con igual certeza que no 
se concedió dispensa, o que el procurador carece de mandato válido.

1687	§ 1.	Si el defensor del vínculo considera prudentemente que los 
vicios señalados en el c. 
1686 o la falta de dispensa no son ciertos, debe apelar contra esta 
declaración al juez de segunda instancia, a quien se han de remitir los autos 
advirtiéndole por escrito que se trata de un proceso documental.
   	§ 2.	La parte que se considere perjudicada conserva intacto el 
derecho a apelar.

1688 	El juez de segunda instancia, con intervención del defensor del 
vínculo y habiendo oído a las partes, decidirá de la manera indicada en el c. 
1686 si la sentencia debe confirmarse o más bien si debe proceder en la 
causa según el trámite legal ordinario; y, en este caso, la remitirá al tribunal 
de primera instancia.

Art. 7
Normas generales

1689 	En la sentencia se ha de amonestar a las partes sobre las 
obligaciones morales o incluso civiles que acaso pesan sobre ellas respecto 
a la otra parte y a la prole, por lo que se refiere al sustento y a la 
educación.

1690 	Las causas de declaración de nulidad de matrimonio no pueden 
tramitarse por el proceso contencioso oral.

1691 	En las demás cosas que se refieren al procedimiento, si no lo impide 
la naturaleza del asunto, aplíquense los cánones sobre los juicios en general 
y sobre el juicio contencioso ordinario, cumpliendo las normas especiales 
para las causas acerca del estado de las personas y para aquellas que se 
refieren al bien público.

Capítulo II
De las causas de separación de los cónyuges

1692	§ 1.	Salvo que para un lugar determinado se haya provisto 
legítimamente de otro modo, la separación personal de los cónyuges 
bautizados puede decidirse por decreto del Obispo diocesano, o por 
sentencia del juez, de acuerdo con los cánones que siguen.
   	§ 2.	Donde la decisión eclesiástica no produzca efectos civiles, o 
si se prevé que la sentencia civil no será contraria al derecho divino, el 
Obispo de la diócesis de residencia de los cónyuges, atendiendo a 
circunstancias peculiares, podrá conceder licencia para acudir al fuero civil.
   	§ 3.	Si la causa versa también sobre los efectos meramente 
civiles del matrimonio, procure el juez que, cumpliendo lo prescrito en el § 
2, la causa se lleve desde el primer momento al fuero civil.

1693	§ 1.	Si una de las partes o el promotor de justicia no solicitan el 
proceso contencioso ordinario, se seguirá el proceso contencioso oral.
   	§ 2.	 Si se ha seguido el proceso contencioso ordinario y hay 
apelación, el tribunal de segunda instancia procederá, con las debidas 
proporciones, de acuerdo con el c. 1682 § 2.

1694 	Respecto a la competencia del tribunal, debe observarse lo 
dispuesto por el c. 1673.

1695 	Antes de aceptar una causa y siempre que haya esperanza de éxito, 
el juez debe emplear medios pastorales para que los cónyuges se 
reconcilien y sean inducidos a restablecer la comunidad conyugal.
 
1696 	Las causas de separación de los cónyuges también afectan al bien 
público y, por tanto, en ellas debe intervenir siempre el promotor de 
justicia, de acuerdo con el c. 1433.

Capítulo III
Del proceso para las dispensas del matrimonio rato y no consumado

1697 	Sólo los cónyuges, o uno de ellos aunque el otro se oponga, tienen 
derecho a pedir la gracia de la dispensa del matrimonio rato y no 
consumado.

1698	§ 1.	Unicamente la Sede Apostólica juzga sobre el hecho de la 
inconsumación del matrimonio y la existencia de justa causa para conceder 
la dispensa.
   	§ 2.	La dispensa es concedida sólo por el Romano Pontífice.

1699	§ 1.	Para recibir el escrito por el que se pide la dispensa es 
competente el
Obispo diocesano del domicilio o cuasidomicilio del orador, el cual, si 
consta que la petición tiene fundamento, debe ordenar la instrucción del 
proceso.
   	§ 2.	Pero si el caso que se propone plantea especiales 
dificultades de orden jurídico o moral, el Obispo diocesano debe consultar 
a la Sede Apostólica.
   	§ 3.	Contra el decreto por el que el Obispo rechaza la petición 
cabe recurso a la Sede Apostólica.

1700	§ 1.	Quedando en vigor lo que manda el c. 1681, el Obispo 
encomendará la instrucción de esos procesos, establemente o en cada caso, 
al tribunal de su diócesis o de otra diócesis, o a un sacerdote idóneo.
   	§ 2.	Pero si se formuló demanda judicial para la declaración de 
nulidad de ese matrimonio, la instrucción debe encomendarse al mismo 
tribunal.

1701	§ 1.	En estos procesos debe intervenir siempre el defensor del 
vinculo.
   	§ 2.	No se admite abogado, pero, por la dificultad del caso, el 
Obispo puede
permitir que el orador o la parte demandada se sirvan de la colaboración de 
un jurisperito.

1702 	En la instrucción deben ser oídos ambos cónyuges, y en la medida 
de lo posible, han de observarse los cánones sobre el modo de recoger las 
pruebas en el juicio contencioso ordinario y en las causas de nulidad de 
matrimonio, siempre que puedan compaginarse con la índole de estos 
procesos.

1703	§ 1.	No se publican las actas; sin embargo, si el juez considera 
que por las pruebas presentadas puede surgir un obstáculo grave para la 
petición del orador o para la excepción de la parte demandada, se lo hará 
saber prudentemente a la parte interesada.
   	§ 2.	El juez puede mostrar a la parte que lo solicite un 
documento presentado o un testimonio recibido y fijar un plazo para 
presentar conclusiones.

1704	§ 1.	Concluida la instrucción, el instructor transmitirá al Obispo 
todas las actas con el informe oportuno, y éste expresará su voto acerca de 
la verdad tanto sobre el hecho de la inconsumación como sobre la causa 
justa para la dispensa y la oportunidad de que se otorgue esa gracia.
   	§ 2.	Si, de acuerdo con el c. 1700, la instrucción del proceso fue 
encomendada a un tribunal ajeno, las observaciones en favor del vínculo 
deben hacerse en ese mismo tribunal, pero el voto a que se refiere el § 1 
corresponde al Obispo que efectuó la comisión, al cual entregará el 
instructor el informe oportuno, junto con las actas.

1705	§ 1.	El Obispo remitirá a la Sede Apostólica todas las actas, a la 
vez que su voto y las observaciones del defensor del vínculo.
   	§ 2.	Si, a juicio de la Sede Apostólica, se requiere un suplemento 
de instrucción, se hará saber al Obispo, indicándole los aspectos sobre los 
que debe versar.
   	§ 3.	Si en el rescripto de la Sede Apostólica se declara que, por 
lo deducido no consta la inconsumación, el jurisperito de que trata el c. 
1701 § 2, puede examinar las actas del proceso en la sede del tribunal, pero 
no el voto del Obispo, y considerar si puede aducirse algún motivo grave 
que permita presentar de nuevo la petición.

1706 	La Sede Apostólica remite el rescripto de dispensa al Obispo; y éste 
lo notificará a las partes, y además mandará cuanto antes a los párrocos del 
lugar donde se celebró el matrimonio y donde recibieron el bautismo que se 
anote en los libros de matrimonios y de bautizados la dispensa concedida.

Capítulo IV
Del proceso sobre la muerte presunta del cónyuge

1707	§ 1.	Cuando la muerte de un cónyuge no pueda probarse por 
documento auténtico, eclesiástico o civil, el otro cónyuge no puede 
considerarse libre del vínculo matrimonial antes de que el Obispo diocesano 
haya emitido la declaración de muerte presunta.
   	§ 2.	El Obispo diocesano sólo puede emitir la declaración a que 
se refiere el § 1 cuando, realizadas las investigaciones oportunas, por las 
declaraciones de testigos, por fama o por indicios, alcance certeza moral 
sobre la muerte del cónyuge. No basta el solo hecho de la ausencia del 
cónyuge, aunque se prolongue por mucho tiempo.
   	§ 3.	En los casos dudosos y complicados, el Obispo ha de 
consultar a la Sede Apostólica.

Título II
De las causas para declarar la nulidad de la sagrada ordenación

1708 	Tienen derecho a acusar la validez de la sagrada ordenación el 
propio clérigo, el Ordinario de quien depende, o el de la diócesis donde fue 
ordenado.  1709	§ 1.	Las preces deben enviarse a la Congregación 
competente, la cual decidirá si la causa habrá de ser conocida por la misma 
Congregación de la Curia Romana o por un tribunal que ella designe.
   	§ 2.	Una vez enviada la petición, queda prohibido ipso iure al 
clérigo el ejercicio de las órdenes.

1710 	Si la Congregación remite la causa a un tribunal, deben observarse, 
a no ser que lo impida la naturaleza del asunto, los cánones sobre los 
juicios en general y sobre el juicio contencioso ordinario, quedando a salvo 
las prescripciones de este título.

1711 	En estas causas, el defensor del vínculo goza de los mismos 
derechos y tiene las mismas obligaciones que el defensor del vínculo 
matrimonial.

1712 	Después de una segunda sentencia que confirme la nulidad de la 
sagrada ordenación, el clérigo pierde todos los derechos propios del estado 
clerical y queda libre de todas sus obligaciones.

Título III
De los modos de evitar juicios

1713 	Para evitar los litigios judiciales, es útil emplear la transacción o 
reconciliación, o someter la controversia al juicio de uno o varios árbitros.

1714 	Para la transacción, el compromiso y el juicio arbitral se observarán 
las normas establecidas por las partes o, a falta de ello, la ley dada por la 
Conferencia Episcopal, si la hay, o la ley civil vigente en el lugar donde se 
concluye el convenio.

1715	§ 1.	No cabe hacer válidamente transacción o compromiso sobre 
lo que pertenece al bien público ni sobre otras cosas de las cuales no 
pueden disponer libremente las partes.
   	§ 2.	Cuando se trate de bienes eclesiásticos temporales, deben 
cumplimentarse, siempre que lo exija su objeto, las solemnidades 
requeridas por el derecho para la enajenación de cosas eclesiásticas.

1716	§ 1.	Si la ley civil no reconoce eficacia a la sentencia arbitral que 
no está confirmada por el juez, para que la sentencia arbitral sobre una 
controversia eclesiástica tenga eficacia en el fuero canónico, necesita 
también la confirmación del juez eclesiástico del lugar en el que se ha dado.
   	§ 2.	Si la ley civil admite la impugnación de la sentencia arbitral 
ante el juez civil, en el fuero canónico puede proponerse la misma 
impugnación ante el juez eclesiástico que sea competente para juzgar la 
controversia en primera instancia.


PARTE IV
DEL PROCESO PENAL
Capítulo I
De la investigación previa

1717	§ 1.	Siempre que el Ordinario tenga noticia, al menos verosímil, 
de un delito, debe investigar con cautela, personalmente o por medio de 
una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias así como sobre la 
imputabilidad, a no ser que esta investigación parezca del todo superflua.
   	§ 2.	Hay que evitar que, por esta investigación, se ponga en 
peligro la buena fama de alguien.
   	§ 3.	Quien realiza la investigación tiene los mismos poderes e 
idénticas obligaciones que el auditor en un proceso; y, si se realiza después 
un proceso judicial, no puede desempeñar en él la función del juez.

1718	§ 1.	Cuando se estime que ya se han reunido elementos 
suficientes, determine el Ordinario:
1 	si puede ponerse en marcha el proceso para infligir o 
declarar una pena;
2 	si conviene hacerlo así, teniendo presente el c. 1341;
3 	si debe utilizarse el proceso judicial o, cuando la ley 
no lo prohibe, se ha de proceder por decreto extrajudicial.
   	§ 2.	El Ordinario ha de revocar o modificar el decreto a que se 
refiere el § 1, siempre que, por surgir elementos nuevos, le parezca que 
debe decidir otra cosa.
   	§ 3.	Al dar los decretos a que se refieren los §§ 1 y 2, conviene 
que el Ordinario, según su prudencia, oiga a dos jueces o a otros 
jurisperitos.
   	§ 4.	Antes de tomar una determinación de acuerdo con el § 1, 
debe considerar el Ordinario si, para evitar juicios inútiles, es conveniente 
que, con el consentimiento de las partes, él mismo o el investigador dirima 
lo referente a los daños de acuerdo con la equidad.

1719 	Si no se requieren para el proceso penal, deben guardarse en el 
archivo secreto de la curia las actas de la investigación y los decretos del 
Ordinario con los que se inicia o concluye la investigación, así como todo 
aquello que precede a la investigación.

Capítulo II
Del desarrollo del proceso

1720 	Si el Ordinario estima que debe procederse mediante decreto 
extrajudicial:
1 	hará saber al reo la acusación y las pruebas, dándole 
la posibilidad de que se defienda, a no ser que el reo, legítimamente 
llamado, no quisiera comparecer;
2 	debe sopesar cuidadosamente con dos asesores todas 
las pruebas y argumentos;
3 	si consta con certeza el delito y no se ha extinguido 
la acción criminal, dictará decreto de acuerdo con los cc. 1342-
1350, exponiendo, al menos brevemente, las razones de derecho y 
de hecho.

1721	§ 1.	Si el Ordinario decretara que ha de iniciarse un proceso 
judicial penal, entregará al promotor de justicia las actas de la 
investigación, para que éste presente al juez el escrito acusatorio, de 
acuerdo con los cc. 1502 y 1504.
   	§ 2.	Ante el tribunal superior desempeña la función de actor el 
promotor de justicia de ese mismo tribunal.

1722 	Para evitar escándalos, defender la libertad de los testigos y 
garantizar el curso de la justicia, puede el Ordinario, después de oír al 
promotor de justicia y habiendo citado al acusado, apartar a éste, en 
cualquier fase del proceso, del ejercicio del ministerio sagrado o de un 
oficio o cargo eclesiástico, imponerle o prohibirle la residencia en un lugar 
o territorio, o también prohibirle que reciba públicamente la santísima 
Eucaristía, pero todas estas provisiones deben revocarse al cesar la causa 
que las motivó, y dejan ipso iure de tener vigor al terminar el proceso 
penal.

1723	§ 1.	Al citar al reo el juez debe invitarle a que designe un 
abogado, de acuerdo con el c. 1481 § 1, dentro del plazo determinado por 
el mismo juez.
   	§ 2.	Si no lo nombra el reo, el propio juez debe designarle 
abogado antes de la contestación de la demanda, el cual permanecerá en su 
cargo mientras el reo no nombre a otro.

1724	§ 1.	El promotor de justicia puede renunciar a la instancia en 
cualquier grado del juicio, por mandato o con el consentimiento del 
Ordinario que tomó la decisión de iniciar el proceso.
   	§ 2.	Para que la renuncia sea válida, debe ser aceptada por el 
reo, a no ser que haya sido declarado ausente del juicio.

1725 	En la discusión de la causa, ya se haga por escrito ya sea oral, el 
acusado tiene siempre derecho a escribir o hablar en último término, bien 
personalmente o bien por su abogado o procurador.

1726 	En cualquier grado y fase del juicio penal, si consta de modo 
evidente que el delito no ha sido cometido por el reo, el juez debe 
declararlo así mediante sentencia y absolver al reo, aunque conste a la vez 
que se ha extinguido la acción criminal.

1727	§ 1.	El reo puede apelar, incluso cuando la sentencia no le 
hubiera condenado sólo por tratarse de una pena facultativa, o porque el 
juez hiciera uso de la facultad mencionada en los cc. 1344 y 1345.
   	§ 2.	El promotor de justicia puede apelar siempre que considere 
que no se ha provisto suficientemente a la reparación del escándalo o a la 
restitución de la justicia.

1728	§ 1.	Quedando a salvo los cánones de este título, en el juicio 
penal deben aplicarse, si no lo impide la naturaleza del asunto, los cánones 
sobre los juicios en general y el juicio contencioso ordinario, cumpliendo 
las normas especiales acerca de las causas que hacen referencia al bien 
público.
   	§ 2.	El acusado no tiene obligación de confesar el delito, ni 
puede pedírsele juramento.

Capítulo III
De la acción para resarcimiento de daños

1729	§ 1.	La parte perjudicada puede ejercer en el mismo juicio penal 
la acción contenciosa para el resarcimiento de los daños que se le hayan 
causado por el delito, de acuerdo con el c. 1596.
   	§ 2.	No se admite la intervención del perjudicado, a la que hace 
referencia el § 1, si no se efectuó en la primera instancia del juicio.
   	§ 3.	En una causa por daños, la apelación se hace de acuerdo 
con los cc. 1628-1640, aun cuando no quepa la apelación en el proceso 
penal; y si se proponen ambas apelaciones, aun cuando sea por partes 
distintas, se hará un solo juicio de apelación, salvo lo que prescribe el c. 
1730.

1730	§ 1.	 Para evitar excesivas dilaciones del juicio penal, el juez 
puede diferir el juicio sobre daños hasta que haya dado sentencia definitiva 
en el juicio penal.
   	§ 2.	El juez que haya obrado de este modo debe juzgar sobre los 
daños después de dictar sentencia en el juicio penal, aunque éste se 
encuentre aún pendiente por haberse interpuesto impugnación, y también si 
el reo ha sido absuelto por un motivo que no exime de la obligación de 
reparar los daños causados.

1731 	Aunque haya pasado a cosa juzgada, la sentencia dada en un juicio 
penal no constituye derecho respecto a la parte perjudicada, a no ser que 
ésta hubiera intervenido de acuerdo con el c. 1729.

PARTE V
DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS Y EN LA REMOCION O EL TRASLADO DE 
LOS PARROCOS
SECCION I
DEL RECURSO CONTRA LOS DECRETOS ADMINISTRATIVOS

1732 	Lo que se establece en los cánones de esta sección sobre los 
decretos, ha de aplicarse también a todos los actos administrativos 
singulares que se producen en el fuero externo extrajudicial, exceptuados 
aquéllos que emanen directamente del propio Romano Pontífice o del 
propio Concilio Ecuménico.

1733	§ 1.	Es muy de desear que, cuando alguien se considere 
perjudicado por un decreto, se evite el conflicto entre el mismo y el autor 
del decreto, y que se procure llegar de común acuerdo a una solución 
equitativa, acudiendo incluso a la mediación y al empeño de personas 
prudentes, de manera que la controversia se eluda o se dirima por un medio 
idóneo.
   	§ 2.	La Conferencia Episcopal puede ordenar que en cada 
diócesis se cree establemente un departamento o consejo, que, según las 
normas de la misma Conferencia tenga como función buscar y sugerir 
soluciones equitativas; y si la Conferencia no adopta esa decisión, el 
Obispo puede establecer ese consejo o departamento.
   	§ 3.	El departamento o consejo de que trata el § 2 actuará 
principalmente en cuanto se pida la revocación de un decreto a tenor del c. 
1734 y antes de agotarse los plazos para recurrir; pero si ya se interpuso el 
recurso contra el decreto, el mismo Superior que juzga de él ha de exhortar 
al recurrente y al autor del decreto para que busquen aquellas soluciones, 
siempre que abrigue la esperanza de un feliz resultado.

1734	§ 1.	Antes de imponer recurso, el interesado debe solicitar a su 
autor por escrito la revocación o enmienda del decreto; hecha esta petición, 
se considera solicitada automáticamente también la suspensión de la 
ejecución del decreto.
   	§ 2.	La petición debe hacerse dentro del plazo perentorio de diez 
días útiles desde la intimación legítima del decreto.
   	§ 3.	Las normas de los § § 1 y 2 no valen cuando se trata:
1 	de recurrir ante el Obispo, contra los decretos dados 
por las autoridades que le están subordinadas;
2 	de recurrir contra el decreto que decide sobre un 
recurso jerárquico, a no ser que esta decisión sea emitida por el 
Obispo;
3 	de interponer los recursos a que se refieren los cc. 57 
y 1735.

1735 	Si el autor del decreto, en el plazo de treinta días desde que recibió 
la petición mencionada en el c. 1734, intima un nuevo decreto por el que 
corrige el anterior o bien decide que la petición debe rechazarse, los plazos 
para recurrir se cuentan desde la intimación del nuevo decreto; pero si en el 
plazo de treinta días no ha tomado ninguna decisión, el plazo se cuenta 
desde el día trigésimo.

1736	§ 1.	Cuando en una materia el recurso jerárquico suspende la 
ejecución de un decreto, la petición del c. 1734 produce idéntico efecto.
   	§ 2.	En los demás casos si, en el plazo de diez días después de 
recibida la petición del c. 
1734, el autor del decreto no decide suspender la ejecución del mismo, 
puede pedirse provisionalmente esa suspensión a su Superior jerárquico, 
que tiene facultad para otorgarla sólo por causas graves y cuidando 
siempre de que no sufra detrimento el bien de las almas.
   	§ 3.	Cuando se ha suspendido la ejecución de un decreto de 
acuerdo con el § 2, si después se interpone el recurso, quien debe 
resolverlo decidirá si la suspensión debe confirmarse o revocarse, en 
conformidad con el c. 1737 § 3.
   	§ 4.	Si no se interpone recurso contra el decreto dentro del plazo 
prescrito, cesa por eso mismo la suspensión de la ejecución decidida 
provisionalmente de acuerdo con los § § 1 ó 2.

1737	§ 1.	Quien se considera perjudicado por un decreto, puede 
recurrir por cualquier motivo justo al Superior jerárquico de quien emitió el 
decreto; el recurso puede interponerse ante el mismo autor del decreto 
quien inmediatamente debe transmitirlo al competente Superior jerárquico.
   	§ 2.	 El recurso ha de interponerse en el plazo perentorio de 
quince días útiles, que, en los casos de que se trata en el c. 1734 § 3, corren 
desde el día en que el decreto ha sido intimado, y en los demás casos 
conforme al c. 1735.
   	§ 3.	Aun en los casos en que el recurso no suspenda ipso iure la 
ejecución del decreto, ni se haya decretado la suspensión según el c. 1736 § 
2, puede el Superior por causa grave mandar que se suspenda la ejecución, 
cuidando de que se evite todo perjuicio al bien de las almas.

1738 	El recurrente tiene siempre derecho a servirse de un abogado o 
procurador, pero evitando dilaciones inútiles; e incluso debe designarse 
patrono de oficio, si el recurrente carece de él y el Superior lo considera 
necesario; pero en cualquier momento el Superior podrá ordenar que 
comparezca el mismo recurrente para ser interrogado.

1739 	Según lo requiera el caso, el Superior que resuelve el recurso puede 
no sólo confirmar o declarar nulo el decreto, sino también rescindirlo o 
revocarlo o, si lo juzga más conveniente, corregirlo, sustituirlo por otro o 
abrogarlo.

SECCION II
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REMOCION Y TRASLADO DE 
LOS PARROCOS
Capítulo I
Del modo de proceder en la remoción de párrocos

1740 	Cuando, por cualquier causa, aun sin culpa grave del interesado, el 
ministerio de un párroco resulta perjudicial o al menos ineficaz, éste puede 
ser removido de su parroquia por el Obispo diocesano.

1741 	Las causas por las que un párroco puede ser legítimamente 
removido de su parroquia son principalmente las siguientes:
1 	un modo de actuar que produzca grave detrimento o 
perturbación a la comunión eclesiástica;
2 	la impericia o una enfermedad permanente mental o 
corporal, que hagan al párroco incapaz de desempeñar útilmente 
sus funciones;
3 	la pérdida de la buena fama a los ojos de los 
feligreses honrados y prudentes o la aversión contra el párroco, si 
se prevé que no cesarán en breve;
4 	la grave negligencia o transgresión de los deberes 
parroquiales, si persiste después de una amonestación;
5  	la mala administración de los bienes temporales con 
daño grave para la Iglesia, cuando no quepa otro remedio para este 
mal.

1742	§ 1.	Si por el expediente realizado constase la existencia de una 
de las causas indicadas en el c. 1740, el Obispo tratará el asunto con dos 
párrocos pertenecientes al grupo establemente designado con esta finalidad 
por el consejo presbiteral, a propuesta del Obispo; y si después juzga que 
debe procederse a la remoción, aconsejará paternalmente al párroco que 
renuncie en el plazo de quince días, pero para la validez es necesario que 
indique la causa y los argumentos.
   	§ 2.	Sobre los párrocos que son miembros de un instituto 
religioso o sociedad de vida apostólica, guárdese lo prescrito en el c. 682 § 
2.

1743 	El párroco puede renunciar no sólo pura y simplemente, sino 
también bajo condición con tal de que ésta pueda ser legítimamente 
aceptada por el Obispo, y realmente la acepte.

1744	§ 1.	Si el párroco no responde dentro del plazo establecido, el 
Obispo reiterará la invitación, prorrogando el plazo útil para responder.
   	§ 2.	Si consta al Obispo que el párroco recibió la segunda 
invitación y que no respondió sin estar afectado por un impedimento, o si el 
párroco se niega a renunciar sin aducir ningún motivo, el Obispo dará el 
decreto de remoción.

1745 	Pero si el párroco impugna la causa aducida y sus razones, alegando 
motivos que el Obispo considera insuficientes, éste, para actuar 
válidamente:
1 	invitará al párroco para que, una vez examinado el 
expediente, presente por escrito sus impugnaciones y aporte 
pruebas en contrario, si las tiene;
2 	después de esto y de completar el expediente si es 
necesario, estudiará el asunto con los párrocos a que se refiere el c. 
1742 § 1 a no ser que, por imposibilidad de éstos, hayan de 
designarse otros;
3 	finalmente decidirá si el párroco ha de ser removido 
o no, y dará enseguida el decreto pertinente.

1746 	El Obispo ha de proveer a las necesidades del párroco removido, 
bien confiándole otro oficio, si es idóneo, o mediante una pensión, según lo 
aconseje el caso y lo permitan las circunstancias.

1747 	§ 1.	El párroco removido debe abstenerse de ejercer la función 
parroquial, dejar libre cuanto antes la casa parroquial y entregar todas las 
pertenencias de la parroquia a aquél a quien el Obispo la haya 
encomendado.
     	§ 2.	Pero si se trata de un enfermo, que no puede trasladarse sin 
dificultad de la casa parroquial a otro sitio, el Obispo le dejará su uso, que 
puede ser exclusivo, mientras dure esa necesidad.
     	§ 3.	Mientras esté pendiente el recurso contra el decreto de 
remoción, el Obispo no puede nombrar nuevo párroco, sino que debe 
proveer interinamente por medio de un administrador parroquial.

Capítulo II
Del modo de proceder en el traslado de los párrocos

1748 	Cuando el bien de las almas o la necesidad o la utilidad de la Iglesia 
requieren que un párroco sea trasladado de la parroquia que rige con fruto, 
a otra parroquia o a otro oficio, el Obispo le propondrá por escrito el 
traslado, aconsejándole que acceda por amor a Dios y a las almas.

1749 	Si el párroco no está dispuesto a seguir el consejo y las 
exhortaciones del Obispo, ha de exponer por escrito las razones que tiene 
para ello.

1750 	Si, a pesar de los motivos alegados, el Obispo juzga que no debe 
modificar su decisión, examinará con dos párrocos elegidos según el c. 
1742 § 1 las razones en pro y en contra del traslado; y si aun entonces 
estima que dicho traslado debe llevarse a efecto, reiterará las exhortaciones 
paternales al párroco.

1751 	§ 1. Concluidos esos trámites, si el párroco continúa negándose y el 
Obispo estima que debe hacerse el traslado, emitirá el decreto 
correspondiente, disponiendo que la parroquia quedará vacante al término 
del plazo que determine.
          	§ 2. Transcurrido inútilmente ese plazo, declarará vacante la 
parroquia.

1752 	En las causas de traslado, es de aplicación el c. 1747, guardando la 
equidad canónica y teniendo en cuenta la salvación de las almas, que debe 
ser siempre la ley suprema en la Iglesia.

Made available to the Net by C.J. Urbano
«Codigo de Derecho Canonico. Edicion anotada», a cargo del Instituto Martin de Azpilcueta, 5 edicion, Eunsa, Pamplona (Spain) 1991
El texto latino es Copyright de la Libreria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano, Roma.
La traduccion castellana es Copyright de la Conferencia Episcopal Española, Madrid.